En una audiencia judicial realizada ayer, la Fiscalía sustentó el pedido de impedimento de salida del país por nueve meses en contra del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.
El cuestionado personaje ha sido ofrecido por el Gobierno como embajador del Perú en el Vaticano, por lo cual la decisión judicial podría truncar sus aspiraciones.
Pese a ello, Demartini, aseguró que su “prioridad” es quedarse en el país debido a que tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario.
El pedido de la Fiscalía se realizó en el marco de la investigación contra Demartini por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia en el el caso Qali Warma.
Asesor
El exministro señaló que cuenta con un reciente contrato laboral como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
“No hay ningún hecho concreto para ser embajador, y si así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú”, señaló.
Asimismo, negó que haya obstruido a la justicia y cometido irregularidades en su gestión ministerial.
Por su parte, el fiscal Marcial Páucar afirmó que el pedido de prohibición de salida del país obedece a que existe peligro de fuga del exministro, en vista que “cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero”, además de haberse anunciado su eventual nombramiento como embajador en el Vaticano.
Páucar advirtió que existe una cantidad considerable de viajes que el investigado ha realizado a países como Estados Unidos, España y Costa Rica.
Luego de escuchar a las partes, el juez Juan Carlos Checkley anunció que la decisión será comunicada a las parte mediante una resolución.
AL ARCHIVO
De otro lado, la Fiscalía archivó la denuncia presentada por el abogado del exministro contra los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, por la presunta revelación de la identidad de un colaborador eficaz en el caso Qali Warma.
