Denegación fáctica de Vizcarra fue un golpe

El Tribunal Constitucional (TC) hizo público, el pasado lunes su pronunciamiento en torno a la demanda competencial del Congreso contra el anterior Ejecutivo, presidido por Pedro Castillo, respecto a la cuestión de confianza y las consecuencias de su rechazo total.

En tal sentencia, No. 307/2023, expediente No. 00004-2022-PCC/TC, el Pleno del TC aprobó en mayoría declarar fundada la posición del Congreso, según la cual la figura de la “denegación fáctica” es contraria a la Constitución.

Entre otros aspectos, en su fundamento No. 89, la sentencia hace referencia explícita a la resolución del anterior TC, para señalar que la disolución del Congreso por el Ejecutivo de Vizcarra fue “irregular”, lo que “desestabilizó” el principio de separación de poderes.

“En la práctica, el anterior pronunciamiento del TC eximió al Poder Ejecutivo de todo mecanismo de control o límite respecto del ejercicio de la cuestión de confianza, permitiendo el uso arbitrario de dicha institución. Esto tuvo como efecto que el Poder Ejecutivo pudiera disolver irregularmente al Congreso, desestabilizando el principio de separación de poderes, y eliminando, temporalmente, al órgano que servía como su contrapeso político”.

Dado el carácter polémico del tema, este diario convocó a tres connotados constitucionalistas para conocer sus puntos de vista.

LA HISTORIA.

La disolución del Parlamento, el 30 de setiembre de 2019, fue la cumbre de una prolongada hostilidad entre este poder del Estado y el Ejecutivo.

La crisis política amainó por algunas semanas con la caída de PPK. No obstante, se reanudó con la misma beligerancia contra el nuevo mandatario, Martín Vizcarra, y el nuevo premier, Salvador Del Solar.

Finalmente, Vizcarra, Del Solar y asesores decidieron invocar la cuestión de confianza.

El 30 de setiembre de 2021, Del Solar ingresó por la fuerza al hemiciclo y formuló la cuestión de confianza si el Congreso proseguía con la elección del candidato a magistrado del TC Gonzalo Ortiz de Zevallos.

El Parlamento designó, de todos modos, a Ortiz de Zevallos. Entonces, Vizcarra anunció la disolución de Parlamento bajo la figura irregular de la “denegatoria fáctica”.

Asimismo, convocó a nuevas elecciones parlamentarias.

Como respuesta, el pleno del Parlamento aprobó con 86 votos y cero en contra, suspender a Martín Vizcarra como presidente por “incapacidad temporal” y “propiciar la ruptura del orden constitucional”.

En seguida, el Parlamento convocó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y esta asumió la presidencia tras jurar ante el Congreso. Fue un acto que no tuvo consecuencias reales porque Vizcarra mantuvo el poder.

Esa misma noche, Vizcarra recibió, en Palacio de Gobierno, el respaldo de los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea; y del jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Al día siguiente, Aráoz declinó de la encargatura de la Presidencia y renunció, demandando la pronta convocatoria de elecciones generales, no solo parlamentarias.

FUE UN GOLPE.

El constitucionalista Domingo García Belaunde declaró a Correo que el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra fue, en términos políticos, un golpe de Estado.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) es, a su juicio, “una reacción contra lo que hizo Vizcarra hace más de tres años”.

Sin embargo, considera que esta sentencia no afecta en nada al expresidente.

¿Qué consecuencias puede traer este pronunciamiento respecto al 2019?, preguntamos.

“Ninguna. El problema es el siguiente: las sentencias del TC, de acuerdo a su Ley Orgánica, rigen a futuro, de aquí en adelante. Lo que pasó antes no funciona”, explicó.

“El que está libre (de investigaciones) es el señor Salvador Del Solar, el que tuvo la ‘delicadeza’ de entrar a patadas en el hemiciclo del Congreso”, recordó.

En su opinión, el anterior colegiado del TC “fue muy servil, muy mediocre: avaló a Vizcarra (...) fue un colegiado muy malo, de gente que no vio las cosas, que claudicó con el vizcarrismo”.

Con la reciente sentencia del TC, según García Belaunde, “eso se corrigió a futuro. Ya no queda nada para atrás, honestamente”.

“La sentencia rige de aquí en adelante, no es retroactiva (...). Las sentencias constitucionales, estrictamente, son declarativas y funcionan a futuro. Para bien o para mal, pero así es. Así es el modelo europeo. No estamos inventando nada (...) no aplica para revisar lo que hizo Vizcarra”, explicó.

Sobre el hecho de que la sentencia del TC refiera que la disolución del Congreso por Vizcarra fue “irregular”, García Belaunde señala que, con dicho comentario, “el TC emite un juicio de valor sobre lo que pasó hace tres años. Nada más”.

Lo que han hecho es un deslinde teórico, doctrinario. Lo que se hizo fue pésimo, pero ya no se puede hacer nada”, añade.

¿Fue o no golpe de Estado lo que hizo Vizcarra?, preguntamos.

“Yo creo que, políticamente hablando, sí fue un golpe de Estado porque cerró un Congreso”, afirmó.

IGUAL QUE CASTILLO.

“Fue un golpe de Estado lo que hizo Vizcarra”, manifestó, por su parte, Natale Amprimo a Correo.

Tal ruptura constitucional, a su juicio, coloca a Vizcarra en la misma situación judicial que Pedro Castillo.

“Y, sin lugar a dudas, lo que después quisieron convalidar cuatro magistrados del TC también fue parte de ese golpe de Estado al cual mucha gente se prestó, porque, no se olvide que muchos opinólogos justificaban esta acción inconstitucional, rompimiento el Estado de derecho”, dijo el constitucionalista.

“A mí me parece que el TC hizo muy bien en aclarar esa página negra que escribieron esos cuatro magistrados”, aseveró.

“Esa teoría de la denegación fáctica no salió de la cabeza del señor Vizcarra. Ahí ha habido muchos que se prestaron a eso. Habrá que investigar”, sugirió.

inconstitucional. De igual modo, consultamos al constitucionalista Aníbal Quiroga si -a la luz de la sentencia del TC- el cierre del Congreso por Vizcarra fue un golpe.

“No”, responde el jurista. “Porque el Tribunal Constitucional, en su momento, lo avaló como un acto regular y constitucional”, afirmó.

“No llegaría a ser un golpe de Estado, pero sí un acto abiertamente inconstitucional. Así ha quedado determinado”, matizó.

Enfatiza que “ha quedado claro que no existe la denegación fáctica de confianza, y que la actitud del presidente Vizcarra y el Tribunal Constitucional pasado fue claramente inconstitucional. Hasta ahí llegan los efectos del fallo del TC de esta semana”.