La denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tendrá su primer escollo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la instancia que deberá votar, en el inicio, si declara procedente el recurso por el Caso Rolex.
En la SAC se verá primero, antes de finalizar esta legislatura o en el inicio de la próxima, el informe de calificación sobre la legalidad del trámite fiscal.
Ante eso, ¿qué dicen las tendencias políticas en la Subcomisión? Por ahora habría una leve mayoría proclive a votar en contra de investigar a Boluarte pero lo que se avizora es un final de fotografía.
Según una contabilidad previa realizada por Correo, 12 de los 23 integrantes de ese grupo de trabajo han tenido posturas a favor del Gobierno, ministros e incluso de la propia jefa de Estado en ciertas decisiones legislativas como mociones de vacancia formuladas por incapacidad moral permanente.
En el otro lado, habría decididamente siete votos a favor de la denuncia, mientras que existen dudas sobre los otros cuatro, cuyos antecedentes apuntarían a la abstención.
Las bancadas que apoyarían esta vez a Boluarte serían Alianza para el Progreso (2 votos), Fuerza Popular (5), Renovación Popular (2) y Avanza País (2).
Mientras tanto Perú Libre (3), el Bloque Magisterial (2) y Cambio Democrático (2) se opondrían.
Solo Podemos Perú (2), Perú Bicentenario (2) no definirían posición o de plano se abstendrían.
Sin embargo, recién este martes 4 de junio se dará cuenta de la denuncia y luego de 10 días hábiles se sabrá si la denuncia califica o no para formular una investigación.
La presente legislatura concluirá el 15 de junio y el plazo pertinente para calificar la denuncia recién vencerá el 18 del mismo mes, es decir, tres días después de la culminación de la legislatura 2023-2024.
Proceso
Es importante indicar que la Mesa Directiva del Parlamento, es decir, la más alta dirección de este poder del Estado, tiene toda la potestad para ampliar o no la presente legislatura.
Como se sabe, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte bajo el presunto delito de cohecho pasivo impropio (sobornos).
El fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, imputa a Boluarte el haber recibido de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como un soborno tres relojes de la marca Rolex valorizados cada uno en 18 mil dólares, 26 mil dólares y 20 mil dólares, respectivamente.
También se le atribuye haber obtenido un par de aretes de oro con diamantes valorizados en 5 500 dólares y una pulsera Bangle de 9 900 dólares.
Con todo ello, se configuran ciertos indicios de que Boluarte habría incurrido en delitos durante sus funciones de jefa de Estado.
Hasta el momento, la presidenta solo reconoció ante el Ministerio Público que su “wayki” le entregó esos tres Rolex “en calidad de préstamo”.
Sin embargo, hay más de una sospecha, como el que a cambio de esas joyas, la jefa de Estado habría beneficiado al Gobierno Regional de Ayacucho con diversos desembolsos para obras y ampliaciones de presupuesto público.
La Fiscalía sustentó que entre 2023 y 2024, la gestión de Boluarte aprobó 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión del Gobierno Regional de Ayacucho por más de 194 millones de soles.
Fondo
Lo que se prevé es que las bancadas de centroderecha proclives a rechazar la investigación contra Boluarte se basarían en el argumento de que, al ser jefa de Estado, la Constitución solo permite que sea indagada o acusada por traición a la patria, interferencia en las elecciones y la disolución del Congreso.
Con ello, la mayoría sustentaría su voto en contra de la denuncia constitucional dado a que se le atribuye el delito de cohecho, mas no los que están consignados en el artículo 117 de la Constitución Política.
Hace unos días, el premier Gustavo Adrianzén dejó claro que tiene la confianza de que el Congreso archivará la denuncia.
“El Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), va a declarar improcedente esta pretendida denuncia constitucional porque no encuadra en ninguno de los cuatros supuestos del (artículo) 117 (de la Constitución) ¿De qué se le puede acusar?”, dijo el premier.
POSTURAS
Por lo pronto, Eduardo Salhuana, vocero de APP, dejó claro que encuentra ciertas observaciones en la denuncia constitucional.
En entrevista con Latina, aseguró que la denuncia podría configurar un problema.
“En una primera mirada podríamos decir, invocando el artículo 117, que la denuncia podría tener un problema concreto constitucional, porque esta norma de la carta política señala que solo se puede acusar a la presidenta en ejercicio por determinados delitos”, indicó.
Sostuvo que los delitos que el fiscal de la Nación le imputa a la presidenta de la República “no se encuentran en este menú de ilícito penales previstos en el artículo 117, con ello habría un problema desde el inicio”.
Añadió que, en ese caso, la presidenta solo podría ser acusada cuando deje el cargo.
Al ser consultado sobre si son “amigos de la presidenta”, respondió que “hay que colaborar con el Gobierno”.
Por su parte, cuando aún era la vocera de Perú Libre, Margot Palacios dijo a Correo que su agrupación no dudará en votar para que se indague a la jefa de Estado.
“Los integrantes y yo votaremos a favor (de la denuncia constitucional) en la SAC”, refirió.
Entre tanto, el penalista César Nakazaki sostuvo que no hay ninguna argumentación del Ministerio Público que explique en su denuncia constitucional que la presidenta Boluarte vulneró el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
“Debió explicar el alcance del 117 para que el Congreso le dé pase. Le ha tirado la pelota a la cancha del Congreso para que el Congreso haga el trabajo y él no lo hizo como corresponde”, manifestó.
