:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AMOYOIJZZBH2LCVJTMN5PWY7JQ.jpg)
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ayer en el Congreso una denuncia constitucional contra Daniel Salaverry, expresidente del Parlamento, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.
De acuerdo con el documento, al que accedió Correo, a Salaverry se le imputa “haber presentado información falsa con la finalidad de sustentar actividades que no realizó, y obtener una suma de dinero por concepto de reembolso por actividades de representación”, un caso recordado por muchos.
El Ministerio Público sostiene que el exlegislador “sustentó los gastos de semana de representación (...) presentando dos comprobantes de pago emitidos por una empresa que tiene vinculación directa con Geanmarco Antonio Quezada Castro, quien fue su asesor principal en su despacho congresal”.
Estas boletas -que ascendieron a 3550 soles- fueron reembolsadas al excongresista. Según la Fiscalía, esto constituye apropiarse ilícitamente de bienes públicos.
APROPIACIÓN. El Ministerio Público también sindicó a Salaverry de haberse apropiado de dinero entregado por la Dirección General de Administración del Legislativo por concepto de “apoyo logístico en la semana de representación”, entre noviembre del 2017 a marzo del 2018.
Dichas actividades no se realizaron y, pese a ello, Salaverry emitió facturas de 2800 solas por cada una de ellas. En total, 14 mil soles.
La denuncia constitucional también indica que el excongresista se apropió de reembolsos por actividades inexistentes de su personal de confianza.
DESCARGOS. Hace unos días el exparlamentario afirmó en su Twitter que en el informe de representación parlamentaria no se acreditó su firma. “Dicho informe no justifica ni sustenta algún pago, porque la asignación congresal es parte del sueldo, por lo tanto no existe el peculado”, puntualizó.
