Denuncian a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia

La parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) denunció a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por, supuestamente, desnaturalizar sus competencias al emitir una exhortación al Congreso en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

La medida se hizo oficial en el despacho de su colega Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, para darle el trámite respectivo.

Chirinos busca que en la Subcomisión se abran investigaciones a Imelda Tumialán (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Vásquez, Antonio De La Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello, miembros de la JNJ para que luego sean acusados e inhabilitados por 10 años.

La JNJ emitió, el último martes, un comunicado en el que pedía al Congreso adoptar una decisión “ponderada”, tomar conciencia y, además, “reflexionar” sobre la denuncia que afrontará Zoraida Ávalos en el Pleno, la que también busca inhabilitarla, pero por cinco años.

La aparente intención de la JNJ es que el Legislativo archive la acusación constitucional contra la fiscal suprema, que surgió porque esta se tardó en abrirle investigación a Pedro Castillo, lo que hizo en enero de 2022.

Para la denunciante, el pronunciamiento de la JNJ configuró los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, además de una “vulneración a nuestra Constitución” que pone límites a las funciones del citado organismo del Estado.

OPINIONES

La actitud de la Junta Nacional de Justicia originó reacciones de congresistas y expertos. La mayoría cuestionó su accionar sobre las competencias del propio Poder Legislativo.

Ayer por la tarde, la parlamentaria Gladys Echaíz (Avanza País) manifestó a RPP que el criticado comunicado “habla por sí solo de esa institución”, que no entiende hasta la fecha cuál es su rol.

“Siendo fiscalizadores se ponen de lado de alguien que, más bien, debería ser investigada por ellos”, agregó.

Remarcó que, por el contrario, la JNJ interviene en las funciones “de otra institución”, que es del Congreso. “Ello es grave”, subrayó.

Waldemar Cerrón (Perú Libre) expresó que debe hacerse un examen profundo respecto de la acusación contra Ávalos, pero que la JNJ no puede direccionar los votos de los legisladores.

A su turno, el penalista César Nakazaki insinuó que no existiría alguna herramienta jurídica que permita a dicha institución a instar al Parlamento en temas que no son sus facultades.

“¿Qué competencia establecida en la Constitución o en la ley permite a la JNJ ‘exhortar’, expresar preocupación al Congreso por procedimiento parlamentario seguido a fiscal suprema Zoraida Avalos?”, tuiteó.

A su turno, el constitucionalista Óscar Urviola indicó que con el pronunciamiento de la Junta se entiende que hay “una especie de contienda de competencias” entre esa institución y el Legislativo.

Explicó que el caso de Ávalos en el Congreso es un proceso de control político que está respaldado por la Carta Magna.

Por su parte, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero criticó que se utilice a la JNJ con estos fines.

“Sorprendente comunicado (...) defendiendo a magistrada investigada por la propia JNJ por hechos irregulares vinculados al caso ‘Cuellos blancos del puerto’, cuando era Fiscal de la Nación. Lástima que utilicen institución para defender intereses de allegados”, tuiteó.

A su turno, la exministra de Justicia Delia Muñoz aseguró que esta actitud no se encuadra en las competencias constitucionales y legales que detenta la Junta.

AGENDA AL AGUA

La Mesa Directiva del Congreso tenía agendado que el Pleno evalúe hoy el informe final que le atribuye los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales a Ávalos Rivera, pero al cierre de esta edición el ponente del caso, el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), se “enfermó”.

El fujimorista solicitó licencia y reprogramación para exponer el caso otro día.

Fuentes consultadas por Correo refirieron que en la primera semana de junio se reunirá el Consejo Directivo del Parlamento para fijar una nueva fecha para dicha sesión plenaria, la que podría programarse para la segunda semana de ese mes.

Como sabemos, el jueves de la próxima semana también queda descartado, pues los congresistas estarán en la semana de representación, por lo que visitarán las provincias que representan.

Por lo pronto, a Zoraida Ávalos se le acusa de no haber investigado -cuando aún era fiscal de la Nación- al vacado expresidente Pedro Castillo por los graves casos de “Provías”, “Petroperú” y “ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas”, pesquisas que involucran a ciertas personas de su confianza.

Dicho informe final recae en las denuncias (209 y 231) que interpusieron las parlamentarias Patricia Chirinos y el exprocurador anticorrupción Javier Pacheco. A ellos se le adhirió Gladys Echaíz.

Cabe recordar que el caso primero llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que luego de investigarlo elevó el respectivo informe a la Comisión Permanente.

En dicha instancia, el documento fue aprobado por la mayoría de sus miembros.

Desde esa fecha, el Parlamento ha reprogramado el debate del caso Ávalos en sesión plenaria hasta en dos ocasiones. La primera vez ocurrió el 30 de marzo pasado. En aquella oportunidad el presidente de dicho poder del Estado, José Williams Zapata, dispuso el aplazamiento porque fue un pedido de la propia extitular del Ministerio Público.

Ahora, el debate del informe que podría terminar con la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación ha quedado suspendido, dado a que el ponente tuvo un contratiempo de salud.