Los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía de todas sus acciones y actividades.
Esta regla se aplica, en gran medida, gracias a la labor de los periodistas que revelan hechos que ellos prefieren guardar bajo cuatro llaves. Sin embargo, esa tarea está bajo acecho judicial, pues en los últimos meses algunos políticos utilizaron el sistema de justicia para amedrentar a los periodistas.
Por ese motivo, la Fiscalía abrió investigaciones contra hombres de presunta por la presunta comisión de delitos como la pertenencia a una organización criminal, acoso, reglaje y más (ver infografía).
Es decir, 12 periodistas afrontan pesquisas fiscales por hacer su trabajo: Informar a la ciudadanía).
CRÍTICA
Para Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), existe un incremento en la creatividad que se utiliza para perseguir periodistas en el Perú.
“Antes se utilizaba la figura de calumnia o difamación. Ahora se está instrumentalizando la ley para perseguir a periodistas por temas descabellados”, afirmó.
En diálogo con Correo, Salazar Zimmermann cuestionó que el exministro del Interior y ahora jefe de la Oficina General de Monitoreo del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, haya denunciado por reglaje a los periodistas de Latina.
“El reglaje es un delito asociado a un delito ulterior que puede ser extorsión, sicariato u otros. Uno está reglando a alguien para obtener algo a cambio. En el caso del periodista es obtener información”, indicó.
Mientras que sobre la denuncia de la suspendida fiscal Marita Barreto en contra de los periodistas de Willax TV, Salazar mostró aún mayor preocupación, porque se abusa aún más.
“Los denunció como si fueran una banda criminal. Básicamente en el Perú, tres personas del barrio pueden ser consideradas una organización criminal. Hay una facilidad con la cual se utiliza esta figura”, sostuvo.
En la misma línea, dijo que Barreto aprovecho que el medio de comunicación haya sido crítica con ella para armar una denuncia, pero además, Salazar Zimmermann consideró que hay una instrumentalización del feminismo.
Esto debido a que la denuncia de Barreto se admitió en una Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.
“Es una Fiscalía relacionada a violencia contra la mujer, como si por ser mujer no puedes ser blanco de críticas, eso es algo que se ve en muchos países, la utilización de la figura femenina para tener inmunidad. Eso es algo que también usado por la presidenta Dina Boluarte, como si por ser mujer no se le puede criticar”, manifestó.
Finalmente, señaló que la Fiscalía abrió las investigaciones contra periodistas porque ignora la legislación internacional a la que está acogida el Perú, que es el derecho a la libertad de expresión.
“Porque a algunos no les guste un medio, todos tienen el derecho a informar sobre cualquier funcionario público y que se les persiga por eso, evidentemente es un abuso de poder”, comentó.
LO LEGAL
Al respecto, el penalista Andy Carrión recordó que Santiváñez y Barreto tienen o han tenido puestos preponderantes en la administración pública, por lo tanto, son auscultados en el debido ejercicio de sus funciones.
“La Corte Suprema ya señaló en varios pronunciamientos el nivel de tolerancia respecto a las críticas de la investigación aún en la vida privada de los funcionarios. Hay mayor tolerancia porque la prensa se dedica al control del poder y el nivel de información no es para ellos, sino para el público”, sostuvo.
En diálogo con Correo, el abogado destacó que si la información publicada por los medios fuera falsa, estos habrían sido denunciados por querella.
“Lo que hacen es un amedrentamiento, porque en el caso de Willax les atribuyen organización criminal. La denuncia es un abuso de poder, porque la investigación periodística se llevó adelante basado en el ejercicio de la función pública. La prensa tiene el deber de indagar de dónde proviene el patrimonio de una funcionaria”, indicó.
Carrión recordó que los funcionarios sustentan sus niveles de vida con el impuesto de todos los peruanos, por lo tanto, los medios informan al respecto.
“Se están instrumentalizando la persecución penal, son medidas de amedrentamiento”, agregó.
Finalmente, el penalista mencionó que la Fiscalía hace mal en abrir investigaciones, porque los casos revelados por los medios de comunicación no conforman algún tipo real de delitos.
LOS CASOS
El exministro Juan José Santiváñez denunció a la conductora del dominical Punto Final, Mónica Delta, así como a periodistas de Latina por reglaje tras la difusión de un reportaje que revelaría reuniones del funcionario con ministros, congresistas y altos mandos policiales.
Santiváñez alegó que lo vigilaban, lo seguían, le tomaban fotografías y que se publicó información del vehículo en que se traslada.
Como consecuencia, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla abrió una investigación preliminar por 60 días por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en modalidad de reglaje.
Un segundo caso se reportó contra la conductora de Contracorriente, Milagros Leiva, así como periodistas del mismo programa.
El motivo: La difusión de reportajes sobre Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), vinculados a sus calificaciones en la carrera de derecho, una propiedad que tiene en la playa, entre otros.
La denuncia de Barreto tuvo eco, porque gracias a la Coordinación Nacional de Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se inició una investigación.
Ahora, los periodistas son investigados por la presunta comisión del delito contra la libertad personal en modalidad de acoso, contra la libertad personal - violación de domicilio y contra la tranquilidad pública en modalidad de banda criminal.
El caso está en manos del fiscal provincial Jordan Sendon.
A esto se le suma la investigación que abrió la Fiscalía contra los periodistas Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz, por la presunta comisión del delito de tráfico ilegal de datos personales y pertenencia a una organización criminal, supuestamente dirigida en contra del expremier Alberto Otárola.
A los mencionados se les atribuye el haber realizado pagos a Karelim López, quien les proporcionó acceso a Yaziré Pinedo, esta última fue vinculada sentimentalmente con Otárola y ganó contratos con el Estado.
Su testimonio gatilló la salida del expremier.
RESPALDO
Sobre las denuncias, el Colegio de Periodistas de Lima expresó su enérgico rechazo: “Basta de ataques a la prensa”.
La Federación de Periodistas del Perú cuestionó el uso de herramientas legales para intimidar, amedrentar o silenciar periodistas en el ejercicio de su labor.
Mientras que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) recordó que la actuación de todo funcionario está sometida al máximo escrutinio público a través de la prensa.
“El sistema de justicia no debe avalar este tipo de prácticas abriendo investigaciones bajo estas figuras legales sin el mayor rigor o escrutinio”, cuestionó.
