A partir del 22 de abril, empezará a regir la nueva Ley de Contrataciones Públicas aprobada por amplia mayoría en el Congreso el año pasado. Durante el debate, los parlamentarios dedicaron casi hora y media a discutir si ellos y sus familiares podrían beneficiarse con la norma.
La ley, recientemente aprobada por el Congreso y publicada por el diario oficial, modifica las restricciones que impedían a parientes de servidores públicos acceder a contrataciones estatales. Según los parlamentarios, la medida busca ampliar oportunidades y garantizar la libre competencia en el mercado.
No obstante, la ley ha generado polémicas y preocupación en diversos sectores. De acuerdo a especialistas consultados en el programa periodístico Cuarto Poder, advierten que la flexibilización de estas restricciones podría abrir la puerta a posibles casos de nepotismo y corrupción, debilitando los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.
Según la ley que rige actualmente, el impedimento para los parlamentarios y sus parientes “es en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce meses después de haber dejado el mismo”. No obstante, la palabra “todo proceso” desapareció, y fue reemplazada por “el impedimento se configura respecto al mismo ámbito”, el cual permite que desde ahora los familiares de los congresistas solo estén impedidos de contratar con el mismo Congreso, más no en otras entidades como gobiernos regionales, municipales, entre otros.
El debate se centró mayoritariamente en el artículo 30: impedimentos para contratar. Cambio que defendieron sin pudor. Los parlamentarios insisten en que no hay conflicto de interés porque sus familiares no contratarán con el mismo Congreso de la República.
La nueva ley ya está aprobada, reglamentada y lista para entrar en rigor, por lo que no habría marcha atrás para nuevamente modificar esta normativa.
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