Destituyen a nexo de Rodolfo Orellana en el Congreso

Ocho años después de albergarla como asesora, el Congreso de la República separó a María Roncalla Loayza, la conexión parlamentaria de Rodolfo Orellana.

El Parlamento decidió rescindir su contrato de “asesora técnica de comisiones” que venía desempeñando desde el 2006, sancionándola por una “falta grave” tras el proceso administrativo disciplinario al que fue sometida.

Según las pesquisas que hizo ese Poder del Estado, Roncalla Loayza habría utilizado su cargo en el Congreso para apoderarse y ocupar, desde hace tres años, un predio de la Fundación por los Niños del Perú, usurpado por la red Orellana.

La funcionaria tuvo el predio a su nombre y ejerció el poder y la información que le daba su labor en el Congreso para trabar y entorpecer las gestiones orientadas a que la fundación recupere su local.

La Procuraduría del Legislativo, autor de la denuncia ante el Ministerio Público, encontró elementos suficientes para acusarla por la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de “ocultamiento y tenencia ilícita”.

Fue separada el último 12 de diciembre.

MISMA LÍNEA. Para Vicente Zeballos, titular de la comisión que investiga a la organización que encabezó Orellana y sus nexos en las distintas entidades del Estado, el proceso disciplinario en contra de la señalada como “testaferro” de la mafia, “emite un elemento valorativo a tomar en cuenta”.

“Las acciones penales y administrativas interpuestas por el Congreso y su Procuraduría “conjuga con la labor que viene desarrollando la comisión”.

“La señora Roncalla está en calidad de investigada en esta comisión y que la Procuraduría la haya denunciado penalmente, significa que hay elementos de convicción que han llevado a tomar esa determinación”, dijo Zeballos.

Sin embargo, el congresista por Solidaridad Nacional lamentó la lentitud en separar a Roncalla Loayza durante las gestiones de sus colegas nacionalistas Víctor Isla y Ana María Solórzano.

“HAY MÁS ENLACES”. Pero el Congreso no fue la única institución penetrada por Orellana.

La comisión ha convocado a los titulares de cada entidad pública para examinar su comportamiento “y a efecto de ello identificaremos los vínculos conexos que definitivamente ha tenido Orellana”.

“Hace una década ha estado operando (la red criminal) sin mayor injerencia de las entidades públicas en su labor de fiscalización. Esta renuencia a un mejor control o un mejor ejercicio de la función pública denota que hubo un grado de compromiso”, sostuvo Zeballos.