Un grupo de juristas y políticos denunciaron a la presidenta Dina Boluarte el 20 de agosto del 2024, y a otros funcionarios de su Gobierno, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debido a las muertes en las protestas antigubernamentales registradas fines del 2022 e inicios del 2023.
Tras seis meses, la comitiva informó este jueves que ampliaron los alcances de la denuncia contra la mandataria ante la instancia con sede en La Haya, pues surgieron una serie de elementos nuevos relaciones con la conducta de las autoridades supuestamente implicadas en la muerte de 49 ciudadanos.
Dicho documento está suscrito por Walter Albán, exdefensor del Pueblo; Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros; Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca; Harold Forsyth, exrepresentante del Perú ante la OEA; Indira Huilca, excongresista; Sonaly Tuesta, exviceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales; entre otras personas.
“La ampliación se basa en la necesidad de completar información concreta sobre lo ocurrido en los últimos meses en relación con tales hechos y la situación de las víctimas, de acuerdo con los requerimiento jurídicos de la CPI”, se lee en una carta a la que tuvo acceso RPP.
Asimismo, los denunciantes indican que aún nadie purga condena por los “abominables ilícitos penales”, también que el caso no se ha llevado a juicio hasta el momento.
“Esto nos obliga a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron.
En ese sentido, informaron que con el apoyo de organizaciones internacionales, prevén promover la creación de una Comisión de la Verdad, para determinar la magnitud de los hechos y contribuya con la plena identificación de los que resultes responsables.
“En nuestra anterior declaración, citamos al gran historiador tacneño Jorge Basadre. Esta vez asumimos una frase de otro gran peruano, Manuel González Prada: “El patriotismo no es amor a la tierra sino a la justicia”, concluye el escrito.
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