La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la presidenta Dina Boluarte a responder con prontitud a los pedidos tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, en relación con la investigación preliminar abierta contra la mandataria por el caso Rolex.

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Mediante un pronunciamiento a la opinión pública, la institución subrayó la necesidad de que todas las personas e instituciones implicadas en estos acontecimientos actúen de manera apropiada, en respuesta a las demandas del país.

“La crisis que vive el país exige que todas las personas e instituciones involucradas en estos hechos actúan de acuerdo a derecho. Por ello, exhortamos a la presidenta a que cumpla con lo ofrecido y que responda con celeridad a los requerimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial”, se lee en el comunicado.

“A ambas instituciones a que procedan con la proporcionalidad debida, de acuerdo a los procedimientos establecidos para la alta investidura de la Presidencia de la República”, agrega.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial proceder con la debida proporcionalidad, teniendo en cuenta los acuerdos y procedimientos establecidos para la investidura presidencial.

“Aclarar las denuncias y facilitar las investigaciones reducirá la crisis política que debilita nuestra democracia, afecta nuestro desarrollo económico y social, genera inestabilidad y daña la imagen internacional de nuestro país”, sostuvo la CCL.

MP descarta que allanamiento “ilegítimo o abusivo”

Tras la declaración de la presidenta Dina Boluarte, quien alegó ser víctima de “acoso sistemático” luego de la diligencia fiscal por el caso de sus relojes Rolex, el Ministerio Público enfatizó que el allanamiento a su vivienda y despacho presidencial se llevó a cabo por mandato judicial y en estricto cumplimiento de la ley.

En respuesta al mensaje ofrecido por la mandataria, en el que calificó la diligencia fiscal como un “ataque sistemático” a la figura presidencial, así como “arbitraria, desproporcionada y abusiva”, la Fiscalía reaccionó de manera contundente: “Está descartada la ilegitimidad, inconstitucionalidad y abusividad de nuestra intervención”.

El Ministerio Público, a través de un comunicado, detalló que la diligencia se llevó a cabo durante la noche del 29 de marzo y las primeras horas del día siguiente, por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

“En cuanto al procedimiento de descerraje de la puerta de ingreso al domicilio de la investigada se ejecuto luego de tocar el intercomunicador y haberse dado cuenta de las razones de la presencia fiscal y policial a la persona de Daniel Gómez Boluarte, solicitando el acceso voluntario al interior de la vivienda, quien indicó que ‘esperen un momento’”, refiere el documento.

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