La Comisión Permanente del Congreso evaluará este jueves 11 de setiembre el informe final que recomienda archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte.
El caso está vinculado a las muertes registradas durante las protestas sociales desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La acusación fiscal también alcanzaba a los entonces integrantes del gabinete: Pedro Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola, exministro de Defensa y de la Presidencia del Consejo de Ministros; César Cervantes Cárdenas, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, quienes ocuparon la cartera del Interior en distintos momentos del periodo cuestionado.
Los exfuncionarios habían sido denunciados por presuntos delitos de omisión impropia con dolo eventual, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, contemplados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal. La Fiscalía sostuvo que estas conductas se habrían producido en un contexto de graves violaciones de derechos humanos.
El documento que será sometido a debate propone el archivo de la denuncia, formulada en su momento por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
Según el informe, “no se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real”.
Asimismo, el texto enfatiza que “no hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender”, con lo cual concluye que no se configura una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal en sede parlamentaria.
La investigación está relacionada con las manifestaciones registradas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, que comenzaron el 7 de diciembre de 2022, día en que Dina Boluarte asumió la presidencia, y se extendieron hasta el 9 de febrero de 2023.
De acuerdo con la denuncia del Ministerio Público, en ese periodo se contabilizaron 44 personas fallecidas, 47 con lesiones graves y 69 con lesiones leves, hechos que motivaron la apertura de un proceso parlamentario contra la mandataria y sus exministros.
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