Cuestiona que a la exalcaldesa de Lima “no le rompieron la puerta a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción”. Recalcó que su gobierno “es de manos limpias”
Cuestiona que a la exalcaldesa de Lima “no le rompieron la puerta a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción”. Recalcó que su gobierno “es de manos limpias”

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, cuestionó nuevamente al sistema de justicia peruano y dio a entender que existiría un doble rasero por la forma en que actúa en los casos contra ella, en comparación a otros personajes.

Como ejemplo mencionó el caso de “una exalcaldesa que goza de libertad”, en clara alusión a la exburgomaestre de Lima Susana Villarán de La Puente.

“No le rompieron su puerta, a pesar que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción”, aseguró.

“En fin, así está todavía parte de nuestro sistema judicial”, acotó la mandataria.

Boluarte Zegarra, además, recalcó que su gobierno es de “manos limpias” y “conciencia tranquila”.

La mandataria se pronunció así en un discurso durante la presentación de logros de la pesca industrial de anchoveta y el cierre de la segunda temporada 2024, realizada ayer en el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) del Callao.

CONDENA

Así, Boluarte Zegarra aludió nuevamente al allanamiento y descerraje de su vivienda, ocurrido el 30 de marzo de 2024, en el marco de la investigación por el denominado Caso Rolex.

En aquella ocasión, agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), liderados por el entonces coronel PNP Harvey Colchado, forzaron el ingreso a su residencia al no obtener respuesta para ingresar al domicilio.

En su momento, la presidenta calificó esta medida como “inconstitucional, arbitraria, desproporcionada y abusiva”.

Hay que recordar que, según la Fiscalía, del total de fondos ilícitos recibidos por la exalcaldesa de Lima, 4.1 millones de dólares habrían sido entregados por la empresa brasileña Odebrecht (mediante la concesionaria Rutas de Lima) y 7 millones de dólares por la constructora OAS, las cuales se habrían destinado a financiar sus campañas políticas por el “No a la revocatoria”, en 2013, y su reelección en 2014.