Hace una semana, la presidenta Dina Boluarte cuestionó la labor de la Fiscalía por una diligencia que se realizó en el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por una investigación de abuso de autoridad.
“Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un ‘golpe de Estado blanco’. Ahora los golpes de Estado no vienen desde el Ejército. Vienen desde el Ministerio Público (MP)”, afirmó.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno arremete contra los actores del sistema de justicia
De acuerdo con información revisada por Correo, la mandataria y sus ministros se pronunciaron en ese sentido al menos en 46 oportunidades.
EJEMPLO
En marzo de 2023, Dina Boluarte tenía una relación estable con la Fiscalía a pesar de la investigación que se le inició por las muertes ocurridas durante las protestas.
Incluso, utilizaba la cuenta de Presidencia para dar cuenta del respeto que tenía a la autonomía de las instituciones, pero todo cambió el 30 de ese mes cuando el MP allanó su domicilio y el Despacho Presidencial en busca de los relojes Rolex.
Aquel día, la mandataria calificó el allanamiento como “una medida arbitraria, desproporcionada y abusiva”.
En diciembre del año pasado cuando la Fiscalía inició una investigación en su contra por la presunta fuga de Vladimir Cerrón en el vehículo presidencial, Boluarte también cuestionó la carpeta fiscal del caso Cofre.
“Es penoso como escenarios hipotéticos son acogidos por el MP”, reclamó.
La presidenta atacó a la Fiscalía al menos en 10 ocasiones, en tanto, Santiváñez lo hizo en 11 oportunidades.
El titular del Interior es crítico de la función del MP en relación al trabajo de la Policía.
En agosto del año pasado, dijo que existe un alto porcentaje de liberación de delincuentes por la Fiscalía.
“Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía y es una institución que pareciera ver no solamente a la Policía, (sino hasta a) la sociedad como un enemigo”, indicó.
Un mes después, se pronunció en el mismo sentido.
“Hay una institución que no se está involucrando. Es crucial que los juzgados de flagrancia funcionen, porque de lo contrario será extremadamente difícil que los detenidos que deberían pasar por estos juzgados sean procesados en un proceso regular, y eso es lo que demora”, afirmó.
Mientras que en noviembre, arremetió contra el juez Richard Concepción Carhuancho luego de que se ordenara prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.
“El problema es que creo que estamos frente a una justicia absolutamente parcial y teatral. Este juez (Carhuancho) es un riesgo. Es un riesgo para el debido proceso, para la justicia, para todos los ciudadanos, para cualquiera”, apuntó.
SIGUEN
En marzo del año pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, también cuestionó el allanamiento en la casa de la mandataria.
No solo calificó de “desproporcionada” la diligencia fiscal, sino que también consideró que se trató de un hecho sin precedentes.
“Esto demuestra que se ha politizado la justicia”, reclamó Arana.
En mayo del 2024, cuestionó que el MP haya presentado una denuncia constitucional contra Boluarte por el caso Rolex.
“Habría que ver cuál ha sido la intencionalidad para presentarla. Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley debidamente prevarica y cuando un alto funcionario como este caso el fiscal de la Nación inaplica la Constitución, lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y principios de la constitución y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional”, dijo.
Mientras que en diciembre del año pasado, el titular de Justicia mostró su preocupación por el allanamiento a la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa: “El señor Fredy Hinojosa ha tenido la posición de ser funcionario en el programa Qali Warma, pero son hechos que en su momento se vieron. Sin embargo, lo que la Fiscalía está haciendo es meter a todos en un solo saco”.
Arana arremetió contra el sistema de justicia al menos en seis oportunidades.
Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, no se queda atrás, pues atacó a Fiscalía y PJ en cinco ocasiones.
En junio del año pasado, Vásquez atacó a la Fiscalía y al PJ.
“Claramente, hay un acoso político mediático, que desde el PJ y el MP se ha intentado, en un afán golpista de ese sector, de querer arrinconar al Gobierno”, aseguró.
Además, calificó de “mamarracho” la denuncia constitucional que presentó el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en contra de la mandataria por el caso Rolex.
El titular de Salud también se sumó a los ministros que criticaron el sistema de justicia por la prisión preventiva que se ordenó contra el “hermanísimo” Nicanor Boluarte.
“En política no hay casualidades, me parece demasiada coincidencia que a los minutos que termine APEC comience un show mediático que busca desestabilizar al Gobierno”, sostuvo.
En noviembre del año pasado, Vásquez se refirió a las versiones que daban testigos vinculados al caso Cofre.
“Exhorto a la Fiscalía que no se convierta en una resonancia de chismes”, solicitó.
Mientras que en enero de este año puso en dudas las investigaciones que involucran a políticos y funcionarios públicos.
“Creo que hay mucha politización en la justicia, hay criminalización de la gestión pública. De todo acusan a los funcionarios, que ya son redes criminales. Muchos funcionarios ya no quieren trabajar para el Estado, los buenos funcionarios tienen miedo porque, lamentablemente, se ha criminalizado la gestión pública”, afirmó.
El ministro de Educación, Morgan Quero, atacó al sistema de justicia en al menos cuatro oportunidades.
“La Fiscalía hace mal uso de su institución”, dijo Quero hace una semana tras el allanamiento en la casa de Juan José Santiváñez.
Mientras que el premier Gustavo Adrianzén lo hizo en tres ocasiones.
El expremier Alberto Otárola y exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, siguieron el libreto de Boluarte en dos oportunidades cada uno.
Los exministros José Arista (Economía) y Jennifer Contreras (Midagri) cuestionaron a la Fiscalía en una ocasión.
Finalmente, los ministros Leslie Urteaga (Midis) y Desilú León (Mincetur) también criticaron el rol de la Fiscalía.
POSTURA
Para el analista político Luis Benavente, todo parece indicar que existe un acuerdo entre la presidenta Boluarte y sus ministros para defenderse de la Fiscalía.
“Parece algo coordinado y conversado”, dijo.
En diálogo con Correo, el experto consideró que el principal problema es que el MP perdió la credibilidad en los últimos años y actúa de manera muy politizada.
“La Fiscalía actúa de manera muy política y eso es algo evidente, hay una actuación que parece sesgada, como en el PJ, en general, todo el sistema de judicial. La justicia está percibida para muchos de manera parcializada, porque vemos a algunos políticos corruptos en la cárcel y a otros no”, afirmó.
Benavente señaló que la actuación del MP y PJ no justifica un ataque desde el Gobierno de Boluarte hacia las instituciones que administran justicia. Sin embargo, la reacción del Ejecutivo es un escenario predecible al sentirse atacado.
“Creo que es algo propio de la política. Siempre hay una reacción”, comentó.
