El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para declarar la nulidad de una serie de diligencias fiscales y una denuncia constitucional en su contra. Esta última fue presentada por la Fiscalía de la Nación en noviembre de 2024, en el Congreso, por el presunto delito de encubrimiento personal.
El caso
La mandataria fue sindicada de intentar “sustraer de la persecución penal” a su hermano, Nicanor Boluarte, en el Caso Los Waykis en la Sombra. Para esto, según la hipótesis fiscal, la jefa de Estado habría planteado “ofrecimientos ilícitos”, al coronel PNP (r) a Harvey Colchado, mediante su entonces abogado Mateo Castañeda.
En aquel momento Colchado no solo era jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), también era líder del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este último fue desactivado por el Gobierno, de acuerdo con el Ministerio Público “ilícitamente”.
Argumentos
La defensa legal de Dina Boluarte alegaba que la denuncia debía desestimarse por sustentarse en diligencias declaradas como secretas.
Estas son las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos “Rene” y “Carlos”, y la ampliación de la manifestación de Harvey Colchado, Walter Lozano Pajuelo, Carlos Morán Soto y Jorge Carrillo García.
En esa línea, Juan Carlos Portugal, actual defensor de Boluarte, denunció una presunta vulneración al derecho a la motivación.
El juez Juan Carlos Checkley, sin embargo, consideró que no podía declararse la nulidad de la denuncia constitucional por este caso “estando a que el presente proceso se encuentra en el fuero parlamentario”.
