La presidenta de la República, Dina Boluarte, mantiene un bajo nivel de aprobación de parte de la ciudadanía, tiene un hermano prófugo, un Gabinete Ministerial cuestionado, altos índices de inseguridad ciudadana, entre otros factores que la dejan muy mal parada.
Sin embargo, en lo que sí destaca la mandataria es en el número de investigaciones que acumula en la Fiscalía.
De acuerdo con información revisada por Correo, entre el 2021 y 2023, la jefa de Estado sumó cuatro carpetas fiscales, mientras que en este año ya tiene cinco, lo que da un total de 10 indagaciones en su haber (ver infografía).
Es decir, superó a su antecesor Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo y quien tiene ocho investigaciones.
PRIMER AÑO
Cuando Boluarte fue elegida vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), fue puesta en el ojo público en octubre de 2021 porque estaba implicada y era investigada en el caso “Los Dinámicos del Centro”, la presunta organización criminal que habría liderado Vladimir Cerrón.
La mencionada red cobraba entre 500 y 2500 soles para otorgar licencias de conducir de la Dirección Regional de Transportes de Junín de manera irregular, dinero que llegaba a las cuentas del partido de Perú Libre (PL).
Un mes después de que Boluarte asumiera como presidenta tras la destitución de Pedro Castillo por el golpe de Estado, la Fiscalía de la Nación (FN) le abrió una investigación por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado, omisión y lesiones graves, por las muertes ocurridas durante las protestas en contra del Gobierno entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La pesquisa inició por el deceso de 44 personas y 116 heridos de lesiones graves, de este último grupo, 78 ocurrieron por armas de fuego.
Este es uno de los casos más sólidos y avanzados que tiene el Ministerio Público (MP), pues esta institución ya presentó la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a fin de que esta se encargue de darle trámite.
Precisamente, el 5 de diciembre de este año, la Comisión Permanente ya otorgó 15 días para investigar el caso.
A principios de 2023, la Fiscalía también le abrió una investigación a la mandataria por haber realizado una serie de operaciones sospechosas cuando era militante de PL.
De acuerdo con la tesis fiscal, la mandataria abrió cuentas bancarias para recibir dinero procedente de sobornos o cupos que fueron pagados por trabajadores contratados bajo la modalidad CAS.
El dinero llegaría finalmente a las cuentas del prófugo Vladimir Cerrón, para el pago de su reparación civil en el caso Los Dinámicos del Centro.
En este último caso, la mandataria también fue incluida por el presunto financiamiento ilícito que habría recibido para financiar sus gastos personales y de campaña.
También debe sumársele una pesquisa por el presunto plagio académico que cometió junto a otros siete autores al escribir un libro en el 2004 denominado “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, porque la mitad del contenido del libro no tiene citas ni referencias a otros autores.
AÑO 2024
Este año fue el que más tuvo impacto en Boluarte si se trata de investigaciones fiscales.
En marzo de 2024, la FN le abrió una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
La pesquisa nace a raíz de la revelación periodística de que la mandataria utilizaba artículos de lujos, como relojes de la marca Rolex, cuyo valor alcanza los 14 mil dólares. Sin embargo, estas piezas no fueron declaradas en la hoja de información de la mandataria.
Más adelante se revelaría que fue el gobernador de Ayacucho, gobernador de Ayacucho, quien “prestó” los Rolex. Casualmente, el presupuesto asignado a su gestión aumentó un 24% tras comprar los relojes y visitar la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La investigación ya tiene una denuncia constitucional en el Congreso, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días para que se elabore el informe final.
En julio de este año, la FN también le inició una pesquisa a Boluarte por la contratación de Víctor Torres Merino, su amigo de la infancia, cuando era titular del Midis.
La FN sostiene que Boluarte aprovechó su condición de funcionaria de Estado para que su amigo sea contratado en el Programa País que pertenece al Midis con tres órdenes de servicios por 12 mil soles cada una. Su tarea era “capacitar” en gimnasia laboral y hacer pausas activas.
Ese mes la Fiscalía también le abrió una indagación a Boluarte luego de que el exasesor fiscal Jaime Villanueva revelara que la mandataria se reunió con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El motivo del encuentro habría sido para que la mandataria no de de baja al general Raúl Alfaro a cambio de un “trueque”.
DOS MÁS
Los casos más recientes de la mandataria iniciaron hace poco.
En setiembre, se le abrió una investigación por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal por el denominado caso “Cofre”.
La pesquisa nace a raíz del uso de un vehículo asignado a la mandataria en el que podría haber fugado el prófugo Vladimir Cerrón.
Cabe precisar que la mandataria se trasladó con su vehículo a un balneario ubicado en Asia en febrero de este año, espacio donde tuvo lugar un operativo en búsqueda del líder del partido del lápiz.
Hace unos días, la Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos con el chofer del vehículo.
En tanto, el Congreso también investiga el caso en la Comisión de Fiscalización.
Finalmente, hace 10 días la FN inició una investigación contra Boluarte por someterse a una intervención quirúrgica en el rostro en el año 2023 sin informar que quedaría temporalmente incapacitada para ejercer el cargo.
Boluarte no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República que habría estado incapacitada de desempeñar sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023.
Más de un testimonio coincide en que la mandataria pasó por una intervención y que ella se conectó de manera virtual en algunas sesiones.
ANÁLISIS
Para el penalista Luis Lamas Puccio, el caso “Los Dinámicos de Centro” en el que se encuentra incluido la presidenta Boluarte es uno de los más graves que tiene, pues inició antes de que ella asuma funciones, pero también el de las muertes en las protestas.
“Ella dio la orden, entonces, ella permitió que las Fuerzas Armas y la Policía hicieran uso de sus armas. Lo que hay que demostrar es la utilización de esas armas de acuerdo con los reglamentos”, indicó.
Desde su punto de vista, el caso tiene relevancia a nivel nacional e internacional.
El experto consideró que todos los casos podrían ser vistos como graves si se toma en cuenta el contexto.
“Por ejemplo, el caso de la cirugía es una secuela de acontecimientos que merecen un punto de vista ético y moral”, dijo.
Desde su punto de vista, el caso de las muertes terminaría en un juicio.
En el mismo sentido opinó el penalista Andy Carrión, pues señaló que la pregunta principal es qué hizo la mandataria para evitar el segundo muerto.
“En rigor es más grave la investigación por el tema de las protestas porque la imputación es por el delito de homicidio y otros, que la sumatoria en años de cárcel podrían ser 25 años más o menos”, indicó.
En otro momento, Carrión recordó que para solicitar comparecencia con restricciones o detención de la mandataria cuando esta deje el cargo, se necesitará que el Congreso levante la inmunidad. Sin embargo, ve muy lejano que el actual Parlamento avance con el trámite.
“Si Boluarte deja el Gobierno el 2026, el Congreso que entra inmediatamente puede ver estas denuncias constitucionales que habilita al MP para tomar medidas”, sostuvo.
Finalmente, el letrado dijo que el caso de las muertes y Rolex son los que tienen mayor carga probatoria, lo que podría llevar a la mandataria a una eventual condena.
