El 14 de octubre, la presidenta Dina Boluarte deberá rendir su declaración indagatoria en el marco de la investigación preliminar que lleva a cabo el Ministerio Público. La investigación la señala por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento ilegal de organizaciones políticas durante la campaña electoral de 2021, cuando formó parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.
Así lo dispuso el fiscal especializado en lavado de activos, Ángel Astocondor, quien está a cargo de la investigación preliminar contra la mandataria, por hechos ocurridos en un periodo en el que no tenía la condición de “aforada“.
El pasado 16 de julio, el magistrado amplió los hechos relacionados con la jefa de Estado en el marco de la investigación por el presunto delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Esto se refiere a un supuesto aporte de 150 mil soles durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuando Boluarte postulaba a la vicepresidencia con el partido Perú Libre.
El fiscal Astocondor Villalobos, a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tercer despacho, decidió incorporar al empresario Eduvigis Beltrán como investigado en esta investigación preliminar, en relación con el presunto delito de financiamiento ilegal, a raíz de este caso.
De acuerdo con la disposición fiscal a la que accedió RPP, el 19 de mayo de 2021 se realizó una reunión en la que participó Boluarte, y en la que el empresario Eduvigis Beltrán presuntamente se comprometió a entregar el dinero destinado a cubrir los gastos de la “batucada”, que formaba parte del acompañamiento musical en las actividades proselitistas de la actual mandataria durante la recta final de la segunda vuelta electoral.
Por su lado, el empresario Eduvigis Beltrán ha rechazado haber entregado dinero para la campaña electoral de Boluarte y, además, ha negado conocerla personalmente.
El fiscal especializado en lavado de activos, Ángel Astocondor, ha programado varias declaraciones testimoniales y solicitado información a diversas instituciones, incluyendo la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Fiscalía de la Nación. Además, ha solicitó que se realicen todas las diligencias necesarias para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados.
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