El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Portugal, anunció que su defendida no asistirá a la audiencia judiciales programada para el 15 octubre, donde se evaluará la solicitud de impedimento de salida del país presentadas por el Ministerio Público.
Portugal justificó la ausencia argumentando que, por recomendación propia, ha decidido que su patrocinada no se presente, insistiendo en que ella siempre ha mostrado “signos externos de buen comportamiento” al declarar ante las citaciones fiscales previas.
“Por recomendación propia no va a asistir. Yo he decidido como su abogado que no asista”, indico.
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló en RPP que el letrado Juan Portugal podría “no haberse actualizado” sobre la nueva condición jurídica de su clienta. Rospigliosi enfatizó que, a diferencia de su estatus anterior, la medida coercitiva podría dictársele con o sin su presencia en la audiencia.
“El abogado no se ha actualizado, no sabe que su cliente ya no es la presidenta de la república, y así que, es verdad, puede ser aforada, pero se somete a cualquier procedimiento, tiene que cumplir la disposición del fiscal. Y la audiencia se va a llevar a cabo con o sin su presencia”, indicó el especialista.
Agregó: “Acá hay dos figuras diferentes: una cosa es ser un aforado, que lo es ahora la expresidenta, pero otra cosa era un estatus más importante, reforzado, casi intocable, de presidente de la República. Ese estatus de presidente de la república, en funciones, ya no lo tiene desde que fue vacada en el cargo”, explicó.
Alejandro Rospigliosi también subrayó la obligación moral y legal de la expresidenta, indicando que Boluarte, ahora en su calidad de expresidenta de la República, está obligada a cumplir con los requerimientos del sistema judicial y a “dar un buen ejemplo” a la ciudadanía.
Las solicitudes del Ministerio Público buscan imponer a la exmandataria dos medidas de impedimento de salida del país, una por 36 meses y otra por 18 meses, en el marco de las investigaciones que afronta.
Audiencia
La sesión del 15 de octubre, que estará a cargo del juez Fernando Valdez, se centrará en la investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La investigación preliminar sostiene que Boluarte estaría involucrada en la presunta recolección de dinero con fines ilícitos destinados al pago de la reparación civil del exgobernador Vladimir Cerrón, con recursos que, según la tesis fiscal, provendrían de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
Otros casos
Es importante destacar que esta no es la única restricción migratoria que pende sobre Dina Boluarte. La Fiscalía de la Nación también ha presentado una solicitud paralela de 18 meses de impedimento de salida en una investigación distinta por el presunto delito de negociación incompatible.
De aprobarse ambos requerimientos, la expresidenta no podría salir del país durante un total de hasta tres años mientras se resuelven los procesos judiciales en curso.
Diversos delitos
El primer pedido, de 18 meses, presentado por la Fiscalía de la Nación, está relacionado con la investigación por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Las pesquisas dan cuenta de una supuesta intervención de Dina Boluarte en la designación de funcionarios del sector Salud y en el pago de beneficios sociales, presuntamente para favorecer a un amigo del médico que le habría realizado intervenciones quirúrgicas estéticas.
En paralelo, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó una segunda medida por un plazo de 36 meses. Esta investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, vinculada a la recolección de dinero destinada a cubrir la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón.
La tesis fiscal apunta a que estos fondos tendrían como origen a la organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”.
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