El Poder Judicial dispuso que el Ministerio Público concluya la investigación preliminar que se sigue a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas, vinculados a la campaña electoral de 2021, cuando integró la fórmula presidencial de Perú Libre y no tenía la condición de “aforada”.
La medida fue adoptada por el juez Fernando Valdez Pimentel, quien declaró “fundada” la solicitud de control de plazo presentada por la defensa legal de la mandataria.
En una resolución emitida el 13 de agosto, a la que accedió RPP, el magistrado ordenó que la Fiscalía emita la disposición que concluya esta etapa y determine si archiva el caso o formaliza una investigación preparatoria.
Según la defensa de Boluarte, las diligencias preliminares iniciaron el 19 de enero de 2023 con un plazo de ocho meses, el cual venció el 16 de septiembre de ese año. Pese a ello, se aprobaron tres ampliaciones que, alegan, contravienen la jurisprudencia de la Corte Suprema, que prohíbe prolongar la investigación una vez vencido el plazo inicial.
El Ministerio Público, en tanto, solicitó rechazar el pedido al considerar que se trata de un caso complejo, que incluye presuntos delitos de lavado de activos, financiamiento ilegal de partidos políticos, organización criminal y otros. Por ello, fijó un plazo máximo de 36 meses para las diligencias preliminares, con vencimiento en enero de 2026.
No obstante, el juez Valdez concluyó que, según la reciente doctrina jurisprudencial, vencido el plazo primigenio no corresponde su ampliación.
“A la fecha de hoy, han trascurrido aproximadamente un año y once meses — incluso at portas de concluir los tres años [en enero de 2026] — tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, el control de plazo debe declararse fundado”, precisó en su resolución.
El magistrado aclaró que los actos procesales posteriores al 16 de septiembre de 2023 mantienen plena validez. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que indaga si Boluarte habría participado en la apertura de una cuenta mancomunada para recaudar fondos de militantes de Perú Libre con el fin de pagar la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón.
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