La presidenta Dina Boluarte subsanó la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inadmisible el pedido inicial por falta de una autorización expresa de la mandataria.
El TC otorgó un plazo de cinco días hábiles para corregir este error, advirtiendo que, de no hacerlo, la demanda sería declarada improcedente.
Hace una semana, el TC rechazó la demanda interpuesta por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al considerar que no contaba con la autorización explícita de Boluarte para actuar en su representación.
La demanda buscaba que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado, argumentando que las múltiples investigaciones en su contra representaban un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones”.
Boluarte sostiene que las investigaciones en su contra afectan su capacidad para gobernar. Sin embargo, según el artículo 117 de la Constitución, un presidente en funciones solo puede ser acusado por delitos específicos, como traición a la patria, impedir elecciones, disolver la Cámara de Diputados sin justificación o obstruir el funcionamiento de organismos electorales o del Congreso.
La subsanación de la demanda permitirá que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto, lo que podría sentar un precedente importante sobre los límites de la responsabilidad presidencial.
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