El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ), demanda que tiene por objetivo salvar a la presidenta Dina Boluarte de las investigaciones que afronta en la actualidad.
En consecuencia, la solicitud del Gobierno será evaluada.
DETALLES
En mayo del año pasado, el Ejecutivo dio cuenta de la presentación de una demanda ante el TC porque consideró que hubo “un menoscabo en el ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta debido a una presunta injerencia de parte de la Fiscalía y el PJ”.
El Ejecutivo reclamó, en conferencia de prensa, que la Fiscalía no inició investigación a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, mientras los mencionados ejercían el cargo.
Al respecto, el 23 de enero de este año, el TC declaró inadmisible la demanda porque no hubo autorización del Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros presente el escrito. Sin embargo, el Ejecutivo subsanó el error el 30 de enero último.
Finalmente, el TC resolvió admitir la demanda, así como notificar a las partes involucradas para que se apersonen al proceso.
MOTIVOS
En el documento al que accedió Correo, el TC precisa que el Ejecutivo considera que la Fiscalía y el PJ han ejercido sus competencias de manera indebida, porque afectan a la mandataria Boluarte para dirigir la política general del Gobierno.
El debate gira en torno al artículo 117 de la Constitución, el que establece que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patricia, por impedir elecciones y por disolver el Congreso sin respetar los procedimientos establecidos.
Para sustentar su petición, el Ejecutivo dio cuenta de tres carpetas fiscales que incluye a Boluarte: Muertes en protestas, caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder.
Además, incluyó la resolución del PJ que autorizó el allanamiento a su domicilio por el caso de los relojes de lujo que “le prestó” el gobernador Wilfredo Oscorima.
El TC tendrá la tarea de precisar los alcances de la inmunidad presidencial.
