Doce ataques de turbas contra ministros y congresistas

Desde enero han ocurrido doce casos de agresiones contra ministros, viceministros y congresistas que intentaron realizar en las regiones del Sur actividades propias de sus cargos.

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Los incidentes se elevan a trece si incluimos a un gobernador entre los agraviados.

Notorio es que las marchas violentistas, iniciadas en diciembre contra el Gobierno y el Congreso, cayeron en un letargo progresivo, o abortaron del todo, en las regiones del Sur.

Si bien la plataforma básica (asamblea constituyente, disolución del Parlamento, recuperación del poder perdido), no prosperó, ésta no ha sido abandonada por la izquierda radical y extrema, señala el analista político Luis Benavente, de Vox Populi.

Lo que ha variado es la modalidad de resistencia contra el Gobierno.

El nuevo modus operandi son los piquetes de manifestantes (una o dos decenas de personas), reforzados con megáfonos y pancartas.

Ya no bloquean carreteras. Ahora acechan a las comitivas del Gobierno Central y a los congresistas de la república que osan presentarse en estas regiones.

Su objeto es boicotear cualquier actividad o evento afín al Ejecutivo o al Congreso.

En las últimas semanas se ha contabilizado al menos quince casos de agresiones físicas y verbales contra ministros de Estado, viceministros y, sobre todo, legisladores de diversas bancadas, que tuvieron la audacia de presentarse en las ciudades del Sur (Ver infografía).

El último ataque ocurrió el martes 21 de marzo contra los congresistas Edwin Martínez (Acción Popular) y Diana Gonzales (Avanza País) en Majes, Arequipa.

En todos los casos, las acciones de agresión provienen que simpatizantes o partidarios del gobierno de Pedro Castillo y opositores furibundos contra el gobierno de Dina Boluarte.

Esta forma de oposición ha tenido lugar en Cusco, Juliaca (Puno), Arequipa, Tacna, Madre de Dios, entre otros.

Uno de los más directos contra el Gobierno sucedió en Chincha, Ica, el 25 de febrero.

GABINETE

El agraviado fue nada menos que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y varios miembros del Gabinete: Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda y Construcción), José Tello (Justicia y Derechos humanos), Óscar Becerra (Educación) y Alex Contreras (Economía y Finanzas).

Un piquete de manifestantes irrumpió en una activad oficial llamada “Feria Con Punche Regional” con altavoces, carteles y arengas en rechazo del Gobierno.

“Dina asesina, Chincha te repudia”, señalaba uno de los carteles.

Los manifestantes acusan de asesinatos a Boluarte. Mantuvieron en el lugar una presencia bulliciosa durante toda la actividad oficial.

En otros casos, los ministros debieron salir corriendo hacia sus vehículos en medio de pedradas, tomatazos y huevos.

Eso fue lo que pasó con el ministro de Trabajo, Luis Adrianzén, en la ciudad de Tacna, el 13 de marzo.

Viajó a esta ciudad en representación del Gobierno para inaugurar el inicio del año escolar en la región. Le acompañó el vicecanciller Ignacio Higueras.

También le sucedió a Julio Demartini, ministro de Inclusión Social, en la provincia de Calca, Cusco, el 22 de marzo.

Inspeccionaba el local de Cuna Más de Calca cuando se presentó un grupo de manifestantes de la comunidad San José Urco.

Lanzó huevos y tomates contra el ministro y su comitiva acusándolos por la muertes en las protestas.

En el lugar se hallaban la prefecta regional, Gretel Pinto; la directora nacional del programa Cuna Más; la vicegobernadora del Cusco, Esmeralda Loaiza, y otros. El ministro abandonó el lugar en una camioneta sobre la que llovieron piedras.

Luego, los protestantes se trasladaron al distrito de Lamay donde suponían que estaba el ministro, y mantuvieron el asedio contra autoridades locales en Cuna Más de Calca durante cuatro horas.

El subprefecto de Calca, Guido Muñoz, dijo entonces: “Nos liberaron luego de casi cuatro horas, nos lanzaron de todo, incluso cuando el ministro ya no estaba”.

Un caso extremo fue el incendio de la casa del congresista puneño Jorge Luis Ancachi (Acción Popular), el 9 de enero.

La turba prendió fuego al inmueble ubicado en Ilave. El legislador no se hallaba en la casa pero sí su esposa, dos hijas, y su madre.

PROYECTO VIGENTE

Según el analista político Luis Benavente, de Vox Populi, estas agresiones “son parte de la guerra política entre dos proyectos de país, contrapuestos”, conflicto que continúa tras el fracaso de las protestas violentas.

Lo que ha sucedido en el Perú, reflexiona, “es que el proyecto autoritario, estatista, para instalar un régimen a la cubana, a la venezolana, etc. se ha cortado. Ha abortado”.

“Una vez que esto ha quedado desarmado, ese sector del Perú que quiere ese proyecto lucha ahora, desesperadamente, por recuperar ese espacio”, prosigue.

“Parte de eso es, obviamente, atacar al Ejecutivo, atacar al Congreso”, señala.

“Pero ellos no se van a resignar a perder lo que habían logrado, lo que habían avanzado. Es un proyecto de largo plazo. Los proyectos marxistas, leninistas, maoístas, mariateguistas son proyectos largo plazo. En ese contexto tienen que victimizarse, acusar de asesinos al Gobierno,etc.”, dice en diálogo con este diario.

“Ellos no tienen interés por el diálogo. Van a seguir con todo tipo de recursos, muchos de ellos indebidos, ilegales, violentos” (…) Como no han logrado sus objetivos, ellos tienen que acudir al recurso del sabotaje, del caos”.

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ROSPIGLIOSI: PRÉDICA NEFASTA

Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y analista político, opina que estos actos de violencia “son consecuencia de la prédica violentista que Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros promovieron cada día durante el régimen que cayó”.

“Ciertamente -dijo a Correo- los cabecillas opositores del Gobierno están usando el descontento de la gente”.

A su juicio, aparte de la incitación de estos grupos violentos, “hay una enorme falta de credibilidad contra todos los políticos y funcionarios públicos”.