El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó este miércoles 10 de setiembre que exista una carta formal o un proyecto redactado para un eventual retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Durante una conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Ministros, precisó que la discusión se encuentra únicamente en una etapa inicial de análisis.
“No hay ninguna carta ni hay proyecto de carta sobre el particular”, enfatizó, al ser consultado sobre versiones difundidas en algunos medios de comunicación.
Según explicó, lo que se está realizando corresponde a una fase de evaluación técnica y jurídica. “Estamos hablando primero de un estudio, estamos en la etapa inicial, que es la de estudiar”, agregó.
Arana también subrayó que cualquier decisión sobre este tema será competencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidades encargadas de dirigir los aspectos jurídicos y diplomáticos de la materia.
La aclaración ocurre después de que el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, anunciara el 9 de setiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Gobierno evaluaba la permanencia del Perú en el sistema regional. Esa declaración fue hecha en respuesta a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena suspender la aplicación de la Ley de Amnistía.
La norma en cuestión, la Ley N.° 32419, fue promulgada en agosto por el Congreso y ha generado críticas de organismos internacionales y de instancias nacionales de derechos humanos. El 3 de setiembre, la Corte IDH resolvió que el Estado peruano no aplique dicha ley en los casos Barrios Altos y La Cantuta, al considerar que vulnera el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
En este contexto, Arana cuestionó el fallo de la Corte IDH, al que calificó como una injerencia en la autonomía judicial del país. “Lo que me extraña es que una corte se haya permitido decirles a los jueces del Perú cómo deben sentenciar”, manifestó.
Para el jefe del gabinete, corresponde a cada juez ejercer el control difuso o de convencionalidad sin condicionamientos externos. “Eso llama poderosamente la atención”, concluyó, reiterando que debe respetarse la independencia del Poder Judicial.
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