El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este miércoles 1 de octubre sobre la controversia en torno a la pensión vitalicia del expresidente Pedro Castillo, tras la resolución emitida por el Poder Judicial que ordena al Congreso otorgar dicho beneficio.

Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, Arana evitó referirse de manera directa al caso, aunque enfatizó que las resoluciones judiciales son de obligatorio cumplimiento.

“A cualquier decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento”, declaró.

La orden judicial fue emitida el pasado 10 de septiembre por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En esa fecha, el juez Alexis Anicama Budiel declaró fundada la demanda de amparo que Castillo interpuso en mayo de este año, al considerar que el Congreso vulneró su derecho a la igualdad al negarle la pensión establecida en la Ley N.° 26519.

El Parlamento respondió presentando, el 30 de septiembre, un recurso de apelación con el objetivo de que la decisión sea revisada por una sala constitucional de Lima. En consecuencia, el fallo no ha quedado firme y se mantiene a la espera de un pronunciamiento en segunda instancia.

Consultado nuevamente sobre el tema, Arana reiteró que no dará comentarios políticos ni se pronunciará sobre personas en específico.

“Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre, no puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse”, subrayó el jefe del Gabinete.

Mientras tanto, el expresidente Castillo continúa afrontando procesos judiciales de mayor envergadura. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión en su contra por el presunto delito de rebelión, luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones autónomas.

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