El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, reiteró que el Gobierno defenderá la “soberanía jurídica nacional” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), argumentando que el indulto concedido a Alberto Fujimori en 2017 y ejecutado en 2023 se realizó conforme a la ley.
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En su intervención durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles, Arana Ysa señaló que su cartera proporcionó información detallada sobre los argumentos presentados ante el sistema interamericano en relación con los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Desde el Ejecutivo no vamos a permitir la intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional, y que no se respeten los derechos que desde el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales se dicten en el Perú”, precisó.
Es importante recordar que la Corte IDH, en su función de supervisar el cumplimiento de las sentencias en estos casos, ha demandado al Estado peruano que no proceda con el indulto a Alberto Fujimori ni con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su liberación, hasta que se vuelvan a examinar los fundamentos detrás del perdón presidencial. A pesar de ello, el Gobierno cumplió con la decisión del TC y liberó a Alberto Fujimori el 6 de diciembre de 2023.
El ministro de Justicia resaltó que el Estado ha cumplido con llevar a cabo la “decisión soberana del TC” con respecto al indulto concedido al expresidente en 2017, y subrayó la importancia de que el Gobierno acate las órdenes judiciales y del tribunal mencionado.
“Debo dejar en claro que no estamos defendiendo a un ciudadano en particular ni estamos tomando partido por alguna ideología o alguna posición política. Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano como si fuera el derecho de cualquiera de los 33 millones de ciudadanos del Perú”, explicó.
Arana también destacó que los casos Barrios Altos y La Cantuta resultaron en condenas severas y ejemplares contra los responsables de los delitos, pero debido a la “soberanía ejercida por el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo de aquel entonces”, se otorgó un indulto presidencial.
“El TC en ejercicio de su soberanía como máximo intérprete de la Constitución dispuso la ejecución de este mandato que era favorable para este ciudadano”, agregó.
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