Mediante un comunicado, la Presidencia de la República calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 3 de setiembre, en donde pide a las autoridades judiciales abstenerse de aplicar la Ley de amnistía, a fin de que no surta efectos jurídicos con respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Según el pronunciamiento del gobierno, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano “tiene un carácter subsidiario y complementario”, y no puede intervenir mientras no se agote la jurisdicción interna.
En ese sentido, el comunicado refirma que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.
Respuesta. El pronunciamiento del Ejecutivo ocurre luego que la Corte IDH ratificó la resolución en la cual estableció que las autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la Ley de amnistía.
Esta ley cesa procesos judiciales contra militares, policías y miembros de las autodefensas procesados por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
De este modo, la citada Corte confirmó su resolución de medidas urgentes, del 24 de julio, que requirió al Estado peruano suspender el trámite del entonces proyecto de Ley de amnistía, que fue aprobada y finalmente promulgada el 14 de agosto.
Postura. Tras esta segunda orden de la Corte IDH, el Gobierno recordó que nuestro país sufrió el embate del terrorismo que “pretendía subvertir el Estado de derecho y su democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población”.
También anotó que el Perú continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”.
