Luego del allanamiento a la vivienda del titular del Interior, Juan José Santiváñez, ejecutado ayer por la Fiscalía de la Nación, y muy lejos de buscar que este colabore con el Ministerio Público en las investigaciones que afronta, la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo en su conjunto cerró filas por el cuestionado miembro del Gabinete.
Tras la mencionada diligencia fiscal, Santiváñez acudió al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde fue recibido con aplausos y abrazos efusivos por Boluarte y los demás integrantes del Consejo de Ministros.
En la reunión multisectorial, para coordinar acciones frente a las lluvias e inundaciones, la mandataria expresó su rechazó al allanamiento y denunció un “intento de golpe de Estado blanco” desde el Ministerio Público, con el apoyo, dijo, de un sector de la prensa que realiza un “acoso político sistemático” a su gobierno.
“Pueden allanar las casas de todos los ministros si quieren, los despachos de todos los ministros si así lo dispone la Fiscalía, que actúa en complicidad con una prensa malintencionada que busca dar un golpe de Estado blanco. Ahora los golpes de Estado ya no provienen del Ejército, sino del Ministerio Público”, exclamó la jefa de Estado.
Señaló que el Gabinete Ministerial en pleno rechaza el “acoso político” contra el titular del Interior, a quien le expresó su “solidaridad” y respaldo. Como si fuera poco, públicamente lo ratificó en el cargo.
Analogía
En su defensa a Santiváñez, la mandataria también se refirió a la suspendida fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), y a un caso vinculado al periodista Gustavo Gorriti por la aparente injerencia de Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación, en una diligencia ocurrida años atrás en la oficina del hombre de prensa.
“¿Acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del Sr. Gorriti? ¿Acaso no estamos viendo que la fiscal de la Nación archivó el caso denunciado por intervención del exfiscal de la nación Pablo Sánchez? Y acaba de archivarse”, resaltó.
Sostuvo que, cuando se trata del Ejecutivo, se prepara una carpeta fiscal en 48 horas y luego se produce un allanamiento de domicilio.
Al respecto, remarcó que tampoco se ha allanado el domicilio de la suspendida fiscal Barreto. “¿Le han incautado ya su propiedad, que no se sabe cómo la ha construido?”, preguntó Boluarte.
Reacción
Las expresiones de la jefa de Estado se produjeron tras el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, como parte de las investigaciones en el caso de abuso de autoridad que se le sigue por, presuntamente, ordenar que se “controle” a un periodista, Marco Sifuentes.
La diligencia se efectuó sin presencia de agentes policiales y comprendió también el allanamiento de otros tres inmuebles, entre ellos el despacho legal de Santiváñez y su oficina en el Ministerio del Interior.
La irrupción al domicilio del ministro, ubicado en el distrito de La Molina, comenzó aproximadamente a las 5:30 de la mañana y se prologó por unas siete horas.
Durante la diligencia, Santiváñez se manifestó sorprendido y dijo a la prensa: “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento”.
Otro que ejerció una cerrada defensa a Santiváñez fue el ministro de Educación, Morgan Quero, quien acusó a “chacales enquistados” en la Fiscalía de la Nación de “generar sospechas”
Haciendo un mal uso de la institución
“Yo no tengo miedo de desenmascarar a esos chacales que están enquistados en luchas intestinas de poder dentro de la Fiscalía”, expresó desde Los Olivos.
Asimismo, al igual que Dina Bolaurte, alertó sobre un “golpe de Estado blanco”, en el que se estaría utilizando al sistema judicial y a la prensa para desestabilizar al gobierno.
Grave denuncia
Si bien el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior obedece a un caso de presunto abuso de autoridad, el programa Cuarto Poder, difundió otra grave denuncia contra Santiváñez, por presuntamente cobrar a sus patrocinados fuertes sumas de dinero para entregar sobornos en los procesos judiciales.
En reportaje televisivo reveló que, según testigos protegidos, el titular del Interior habría cobrado recursos adicionales a sus honorarios para “arreglar” coimas y presuntamente favorecer a sus clientes.
Incluso se señaló que la exjueza Enma Benavides es catalogada como la “intermediaria” en la supuesta red de sobornos dentro del Poder Judicial.
Impedimento
Luego del allanamiento al domicilio de Santiváñez, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema el impedimento de salida del país contra el ministro del Interior en el marco de las investigaciones por el presunto delito de abuso de autoridad.
Este pedido fue presentado a raíz de los audios incriminatorios que habria sostenido con el capitán PNP Junior Izquierdo.
Sin embargo, a pesar de este pedido y de las investigaciones fiscales en su contra Juan José Santiváñez dijo que no iba a interrumpir su viaje a Europa para participar sobre un evento sobre seguridad.
Viaje
Precisamente, la noche de ayer se confirmó la salida del país de Santiváñez quien viajó con rumbo a Bélgica y Países Bajos.
El periplo del titular del Interior será hasta el 9 del presente mes, según la autorización publicada por el Ejecutivo la noche del domingo, en edición extraordinaria de El Peruano.
Santiváñez participará en una reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea (CLASI-UE), que se realizará en Bruselas (Bélgica) y La Haya (Países Bajos).
Durante la ausencia del titular del Interior, su despacho fue encargado, precisamente, a Morgan Quero.
Posturas
Frente a la situación generada por los cuestionamientos al titular del Interior, diversos congresistas expresaron sus posturas al respecto.
Roberto Chiabra expresó su preocupación por el conflicto entre la Fiscalía y el ministro del Interior y, señaló, que ello favorece a la delincuencia.
José Cueto dijo que le parece apropiado el allanamiento a la vivienda del titular del Interior quien tiene serios cuestionamientos y que su continuidad en el cargo es decisión del Ejecutivo.
Sin policías
Allanamiento a la vivienda y despacho del titular del Interior estuvo a cargo de un equipo fiscal y no participó la Policía.
