(Foto: Presidencia)
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Un proyecto de ley llegó al Congreso de la República por iniciativa del Poder Ejecutivo, que pide facultades legislativas por 60 días para abordar seguridad ciudadana y crimen organizado, impulsar un crecimiento económico responsable y fortalecer las instituciones.

Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación”, escribió el presidente de la República, José Jerí, a través de su cuenta oficial de X.

Con fecha 20 de noviembre, el documento fue remitido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de muy urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución Política del Perú”, se lee.

En su exposición de motivos, la propuesta advierte sobre una “crisis de seguridad ciudadana sin precedentes”, atribuida al incremento exponencial de los delitos en el país.

La causa principal de este fenómeno es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos penales que, con el transcurso del tiempo, han fortalecido sus estructuras operativas y ejercen hegemonía delictiva a nivel nacional”, indica el documento.

La iniciativa alerta que delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato registran cifras especialmente alarmantes y motivo de seria preocupación.

Respecto al crecimiento económico responsable, el Gobierno señala que, si bien la economía peruana muestra signos de consolidación y mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, hay diversos riesgos que podrían impactar las proyecciones de expansión para el 2025 y 2026. Entre ellos menciona la conflictividad social y la inseguridad ciudadana; posibles eventos climáticos adversos, como la ocurrencia de El Niño o La Niña; y un entorno internacional desfavorable marcado por una menor demanda externa, mayores tensiones geopolíticas y la intensificación de la guerra comercial arancelaria.

En materia de fortalecimiento institucional, la iniciativa subraya la necesidad urgente de contar con un “aparato estatal moderno, eficiente y articulado”.

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