El Gobierno dispuso este viernes 6 de junio la prórroga por 60 días del estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad), a partir del 8 de junio de 2025 a fin de preservar el orden interno y la seguridad y hacer frente a la minería ilegal.

La medida se oficializó mediante Decreto Supremo Nº 077-2025-PCM publicado en el diario El Peruano. La prórroga busca hacer frente al accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, en una zona marcada por la conflictividad y actividades delictivas vinculadas a la minería ilegal.

Durante este nuevo periodo, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones actuarán conforme a los principios establecidos por el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Así, quedan suspendidos ciertos derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución.

Sin embargo, el decreto supremo garantiza la continuidad de las actividades mineras formales y en vías de formalización, permitiendo la libertad de tránsito entre las 05:00 y 22:00 horas para quienes cuenten con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Se establece una inmovilización social obligatoria en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.

Durante ese horario, solo podrá movilizarse el personal esencial de servicios básicos como salud, seguridad, telecomunicaciones, electricidad, agua, limpieza, funerarias y farmacias. También se permiten desplazamientos por emergencias médicas o adquisición urgente de medicamentos.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asume el Comando Unificado en la provincia, en coordinación con diversas entidades del Estado, como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, SUCAMEC y gobiernos locales.

Finalizado el régimen de excepción, el Comando Unificado deberá presentar un informe de resultados a los Ministerios de Defensa e Interior dentro de un plazo de cinco días hábiles. Las acciones serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas.

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