El Ejecutivo aprueba nuevo paquete de decretos anticorrupción

Los sentenciados por corrupción ya no podrán continuar trabajando para el Estado. Así ha quedado establecido luego de que el Poder Ejecutivo aprobara un conjunto de decretos legislativos, entre los cuales figura uno que modifica la llamada “muerte civil”.

Según la modificación, las personas que están trabajando para el Estado y son sentenciadas por corrupción pueden ser despedidas. Antes la norma dictaba que los condenados por corrupción no podían ser contratados para laborar en una entidad estatal.

Hasta ayer se mantenía la duda sobre qué pasaría con aquellos funcionarios que estando trabajando para el Estado, eran condenados por corrupción.

“Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por el delito de corrupción y para que tú puedas despedir a una persona que ha sido sentenciada por corrupción hoy, aunque el hecho lo haya cometido hace cinco años”, explicó la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

MARCO GENERAL. Este decreto es uno de los 14 que aprobó ayer el Poder Ejecutivo sobre temas tributarios, simplificación administrativa, justicia y lucha contra la corrupción.

Como es sabido, el miércoles 28 el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que publicaría un nuevo paquete de decretos legislativos relacionados a la lucha contra la corrupción.

Al respecto explicó que el conjunto de normas aprobadas abordan tres aspectos de la lucha contra la corrupción. “En términos de paquetes legislativos lo más importante es que nos hemos enfocado en tres ejes para pelear contra la corrupción”, dijo Zavala.

Estos ejes son la prevención, la persecución y la sanción, y la rehabilitación y la reinserción social.

“Si no trabajamos en estos tres ejes en paralelo y en forma complementaria, no podemos tener resultados tangibles para el ciudadano. Estamos reformando un sistema que no venía funcionando. Estamos reformándolo por un sistema más eficiente que realmente mejore las condiciones para tener una efectiva lucha contra la corrupción en el país”, añadió Zavala.

NORMAS APROBADAS. Tras la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, la última del año, fue la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien detalló de qué trataban los decretos aprobados.

Otro decreto importante dicta que la administración del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, más conocido como “Maranguita”, pase a manos del Poder Ejecutivo.

Esta medida se enmarca en el eje de rehabilitación de aquellos que incurrieron en actos delictivos.

“Hemos aprobado algo que el Ejecutivo debió hacer hace muchos años y es trasladar el famoso Maranguita al Poder Ejecutivo de manera que se pueda hacer una atención desde el Ministerio del Educación, desde el Ministerio de la Mujer”, aseguró Pérez Tello.

De esta forma, ambos ministerios, a través de sus programas, podrán atender a los menores infractores de este centro de rehabilitación. El objetivo es que los adolescente continúen incurriendo en actos delictivos en su etapa adulta.

Asimismo, en el eje para prevenir la corrupción se aprobó la norma de procedimientos administrativos. Con ello se busca reducir los espacios para los sobornos y la corrupción.

En la misma línea se han aprobado normas vinculadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que el origen de todo el dinero que se mueve en el país sea lícito.

Mientras que sobre el eje de persecución y sanción se ha precisado los tipos penales para que los jueces y fiscales puedan optimizar sus investigaciones.

En tanto, se ha ampliado el límite para la detención preliminar. Antes era de 24 horas, pero tras la aprobación de los decretos se ampliará a siete y hasta diez días. De igual forma, la prisión preventiva se ampliará hasta los 18 meses.

“Cuando la investigación era más difícil los tiempos no permitían, se terminaba liberando a los secuestradores, a bandas, a extorsionadores, a integrantes del crimen organizado y se sancionaba al que terminaba robando un celular”, sostuvo Pérez Tello.

La titular del sector Justicia aseguró que la definición de esta ampliación se ha realizado en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por último, se anunció que se ha mejorado el sistema de colaboración eficaz para fomentar su aplicación.

El objetivo, según ejemplificó la ministra de Justicia, es no solo capturar a los denominados “burriers”, sino al dueño de la droga.

“Para eso estamos haciendo que la colaboración eficaz se pueda hacer hasta con personas privadas de la libertad, pero también estamos dándole facilidades a la Fiscalía para la investigación a través de agentes encubiertos que puedan ser funcionarios públicos. Esto va a facilitar el trabajo de persecución en la lucha contra la corrupción”, mencionó la excongresista.

Los decretos legislativos sobre las materias de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción que se publicarán en el periodo de delegación de facultades otorgado por el Congreso al Legislativo suman más de 30.

CASO ODEBRECHT. Ante el vacío legal para sancionar a empresas que han incurrido en corrupción, como pueden ser actos sobornos, se recalcó que la Ley de Contrataciones del Estado será modificada.

“Se está elevando de reglamento a rango de ley la prohibición de empresas sancionadas para contratar con el Estado. Evidentemente el caso de Odebrecht es uno de ellos”, precisó Pérez Tello en ese sentido.

Por ello, insistió que mediante las normas se está corrigiendo un “típico error” de la legislación peruana, pues se permitía que una persona que trabajaba en una empresa que había incurrido en prácticas corruptas simplemente disuelva esa empresa y cree otra para continuar contratando con el Estado.

Pérez Tello también incidió en un ítem incluido en el pedido de facultades delegadas que finalmente se otorgó al Ejecutivo que busca incorporar responsabilidades a las personas jurídicas, es decir, a las empresas.

Detalló que se evalúa el mecanismo idóneo para incorporar las sanciones a las empresas.

“No necesariamente va a ser por la vía penal, pero sí para determinar responsabilidades para las personas jurídicas que puede terminar con su disolución. No se puede meter presa a una persona jurídica, pero se le puede impedir al gerente reciclarse y volver a contratar con el Estado”, manifestó.

DECRETOS PENDIENTES. Como se anunció días atrás, la Ley de Contrataciones del Estado será revisada la próxima semana.

Asimismo, los miembros del Poder Ejecutivo están culminando de debatir sobre los mecanismos para darle autonomía a la Procuraduría General del Estado.

Otros decretos referidos a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la corrupción que aún se diseñan tienen que ver con la carrera en el sistema penitenciario, y la declaratoria de emergencia del mismo sistema.

Mientras que los temas de conflictos de intereses, el cual permitirá transparentar la acción de los funcionarios; la correcta tipificación del feminicidio y violencia familiar, así como los traslados de detenidos y extradiciones también serán decretados.

Asimismo, el uso de grilletes electrónicos también está pendiente. Sobre este punto, la ministra Pérez Tello anunció que la aplicación de este sistema de control de reclusos podría iniciarse el 27 de abril.

Los decretos aprobados y los que se aprobarán en los próximos días han reunido el 30% de las recomendaciones planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad.