El Gobierno declara estado de emergencia nacional por 30 días ante ola de protestas

Después de varios días de protestas en el Perú tras el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo, el Gobierno que encabeza Dina Boluarte, declaró -finalmente- estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días calendario.

La decisión se tomó tras los hechos vandálicos y violentos que se reportan en casi todo el país.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, fue el encargado de anunciar el acuerdo del Consejo de Ministros.

“La Policía en apoyo con las Fuerzas Armadas van a asegurar el control en todo el territorio nacional y de los bienes personales. Y sobre todo, de la infraestructura estratégica y de la seguridad y bienestar de todos los peruanos”, afirmó.

Además, el titular de Defensa precisó que el estado de emergencia implica la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales.

Al cierre de esta edición, el Consejo de Seguridad Nacional todavía evaluaba imponer toque de queda.

MEDIDAS

Un poco antes de las seis de la tarde, se publicó en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el decreto supremo que declaraba el estado de emergencia nacional.

En el documento se precisó que dentro de los cinco días hábiles posterior al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú deberá presentar al ministro del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.

El decreto fue compartido por el premier Pedro Angulo, acompañado del siguiente mensaje: “Nuestra disposición y apertura al diálogo se mantiene intacta, pero a la vez tenemos que velar por el orden, seguridad y gobernabilidad del país; por ello, desde el Ejecutivo, hemos decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional”.

SIN CALMA

Mientras las Fuerzas Armadas se desplazan, hay regiones con altos niveles de violencia.

En Cusco, un grupo de delincuentes incendió la Municipalidad de Espinar, otros trataron de trepar los muros del aeropuerto Alejandro Velasco Astete que mantienen sus puertas cerradas por cuatro días consecutivos, mientras que el servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu fue suspendido ante posibles atentados por manifestantes que realizan protestas.

Precisamente, Inca Rail informó en un comunicado la suspensión de las operaciones ferroviarias hasta nuevo aviso.

Esto tras ser notificados por el concesionario de la ví férrea, Ferrocarril Transandino S.A., de la suspensión, debido a las protestas en Cusco.

Una situación similar vivió Puno, región que ayer inició un paro indefinido, con piquetes y unidades de transporte que bloquean la ciudad.

Y pese a la presencia policial, en la carretera continúan los bloqueos con llantas incendiadas.

Además, un gran número de manifestantes provistos de piedras, derribó el cerco perimétrico del Aeropuerto Nacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca, a fin de tomarlo.

El aeropuerto fue cerrado de manera inmediata ante un posible ataque.

Mientras que en Lima, un grupo de manifestantes intentó llegar a la avenida Abancay, pero fueron intervenidos por la Policía.

Además, de acuerdo a un chat de WhatsApp denominado “Perulibrista en unidad”, un grupo tenía previsto ir a la Estación Naranjal del Metropolitano a las 6 de la tarde, a fin de “atrincherarse”.

¿NORMALIDAD?

Por otro lado, hay regiones que tratan de retomar la tranquilidad como Apurímac, en donde vecinos y propietarios de negocios iniciaron la limpieza de calles que estaban rodeadas de piedras y vidirios como consecuencia de enfrentamientos.

En Tacna, el transporte urbano circuló con normalidad, no se reportaron vías bloqueadas y los negocios atendieron con normalidad.

Si bien se programó una movilización de comerciantes para las 10 de la mañana de ayer, la mayoría de ellos adelantaron que no saldrían a protestar porque sus negocios se afectan.

En la región de Ica, en el kilómetro 240 de la Panamericana Sur, los vehículos de carga pesada permanecieron estacionados por disposición de la Policía, esto a fin de salvaguardar la integridad de los conductores y sus unidades.

En tanto, en Áncash hay protestas pacíficas.

Por otro lado, la presidenta Boluarte destacó que no puede haber diálogo en medio de violencia, a propósito de las manifestaciones en el país.

“Hay que calmar, por favor, ya los ministros se van a desplazar a los lugares de tensión como Andahuyalas, Arequipa, Ica, Huancavelica, para poder sentarnos a conversar de manera fraterna”, apunto.

En ese sentido, aclaró que la Policía tendrá que hacer uso de las armas legalmente permitidas cuando hayan marchas ilegítimas.

“La Policía tiene que actuar en la medida de las posibilidades y con las herramientas que estén legalmente autorizadas”, precisó.