El insólito silencio de la procuradora general María Caruajulca

La Procuraduría General del Estado (PGE) es un organismo público que, entre sus funciones, participa en los procesos penales en los que el Estado se haya visto perjudicado en graves actos de corrupción.

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Así lo establece el decreto legislativo No. 1326, creado en 2017 por el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que reestructuraba el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Allí se creó la Procuraduría General del Estado.

Hoy, sin embargo, no es visible la labor de la actual titular de la PGE, María Aurora Caruajulca Quispe, designada en el cargo el 25 de febrero de este año, en reemplazo de Daniel Soria Luján, quien presentó la denuncia contra el presidente Pedro Castillo en diciembre de 2021 por el caso Puente Tarata.

Además de su sospechoso silencio, Correo halló un vínculo familiar de la doctora Caruajulca, un nexo que no reveló y explicaría su inacción en otro de los casos que la Fiscalía abrió contra el mandatario: presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (actualmente, en suspenso).

Resulta que la abogada del Estado es cuñada de Santiago Rosendo Abarca León, quien ostenta actualmente el cargo de vocal supremo del Fuero Militar Policial y, sobre todo, fue uno de los cuadros militares que fueron ascendidos de grado en este gobierno.

En la declaración jurada de intereses, que Abarca León presentó ante la Contraloría este año, señaló que María Aurora Caruajulca es una de sus familiares (cuñada) y que ocupa la Procuraduría General del Estado.

Abarca León, además, es uno de los nombres mencionados por el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, en su caso, para que sea ascendido de grado. El último 23 de octubre del 2021, el coronel de servicio jurídico del Ejército, Santiago Abarca, fue ascendido a general de brigada, mediante la resolución suprema No. 076-2021-DE.

Según chats de Whatsapp a los que accedió Correo, Ayala le escribe, el 14 de octubre de 2021, al comandante general del Ejército, José Vizcarra, para enviarle un archivo sobre Santiago Abarca.

Vizcarra le responde que se trata del número uno de su promoción y que el Consejo Superior del Ejército ya lo aprueba. Ergo, no necesitaba ninguna recomendación. Bien ascendido entonces, pero ¿por qué el interés de Ayala?

Como se recuerda, el exjefe militar denunció públicamente que recibió presiones de Bruno Pacheco y Walter Ayala para ascender a dos coroneles: Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra.

“(Walter Ayala y Bruno Pacheco) insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las Fuerzas Armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11, 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario presidencia y le explicamos. Él (el secretario) nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó el exjefe del Ejército.

La conversación de Walter Ayala con José Vizcarra sobre el caso de Santiago Abarca fue, reiteramos, el 14 de octubre.

Esta información fue presentada ante la Fiscalía de la Nación por el congresista de Avanza País José Williams Zapata, titular de la Comisión de Defensa, sobre las conversaciones sostenidas por Vizcarra con el mandatario Pedro Castillo y el extitular del Mindef Walter Ayala, entre otros, sobre los ascensos.

Por este caso, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir investigación contra Castillo así como por el de la presunta adjudicación irregular de la compra de biodiésel, aunque luego, suspendió las pesquisas hasta que culmine el mandato presidencial.

Sin embargo, hay una investigación vigente, en estado preliminar, contra Walter Ayala y el prófugo Bruno Pacheco por su presunta injerencia irregular en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

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INACCIÓN. Por el caso de las Fuerzas Armadas, se desconoce que la procuradora María Aurora Caruajulca Quispe haya impulsado alguna denuncia por los ascensos a mandos militares y policiales, en representación del Estado.

Caruajulca tampoco ha realizado alguna acción penal (denuncia o ampliación de la misma con otros hechos) contra el jefe de Estado en este proceso u otros casos.

Correo hizo la consulta al área de comunicaciones de la Procuraduría General del Estado para conocer la versión de la abogada del Estado, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no contestaron nuestras solicitudes de información. De igual manera, en el Tribunal Militar-Policial, no hubo respuesta por parte del vocal supremo de dicha entidad, Santiago Abarca.

Hace un mes, Panamericana Televisión reveló que la procuradora general del Estado contaría con un proceso administrativo sancionador en su contra cuando ejercía como procuradora municipal en San Juan de Lurigancho.

Se trata de una denuncia que una ciudadana presentó en 2020 ante el Ministerio de Justicia contra Caruajulca, cuando esta era procuradora de San Juan Lurigancho, por presunta inacción frente a una denuncia de un presunto tráfico de terrenos en el distrito.

Pese a las citaciones de la policía para esclarecer la denuncia contra los supuestos traficantes, Caruajulca nunca asistió.

OPINIONES. La exprocuradora supranacional Delia Muñoz opinó que la actual procuradora general del Estado, María Caruajulca, “es la única que puede formular denuncia” contra el presidente de la República, congresistas, ministros y otros altos funcionarios. Por ello, cuestionó que dicha instancia no haya dispuesto acciones frente a las sindicaciones de presuntos actos de corrupción por parte del mandatario Pedro Castillo Terrones.

“Más allá de un pedido de investigación que se presentó antes de que ella fuera designada, no hemos visto ninguna participación de esta entidad. Llama la atención que no estén ejecutando las facultades con las que cuentan”, señaló a Correo al hacer referencia a la denuncia que presentó en su momento el exprocurador general Daniel Soria.

En diciembre pasado, Soria Luján denunció al presidente ante la Fiscalía de la Nación por el caso de la buena pro otorgada al consorcio Puente Tarata III relacionado a la empresaria Karelim López. Dos meses después, el funcionario fue destituido por el Gobierno.

La también exministra manifestó que “todo el equipo de la Procuraduría General” está diseñado para que “nos represente” y “pida explicaciones” ante altos funcionarios, tarea a la que las procuradurías anticorrupción o las sectoriales “no estarían respondiendo a la altura” pese a los indicios. “Y la cabeza es ahí la responsable”, añadió.

Sostuvo que, al contar la Procuraduría General con un Consejo Directivo, donde figura un representante de la Contraloría, es en esta instancia en la que se deberían dar “indicaciones apropiadas” para la formulación de denuncias.

Asimismo, Muñoz consideró que “mínimamente la Procuraduría tendría que estar” en las investigaciones que se le siguen al presidente porque “es la que establece por lo menos la reparación civil para la sociedad”.

“Tradicionalmente las procuradurías han acompañado a la Fiscalía en la investigación, en el diligenciamiento de las pruebas para preservarlas y lograrlas. Entonces, llama la atención el silencio de la señora procuradora y su inacción”, recalcó.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia sostuvo que tras el cese “indebido” del exprocurador general Daniel Soria se habría designado en el cargo “a una persona que no tiene la capacidad de defensa activa de los intereses del Estado”.

Sostuvo que en su momento advirtió que la salida de Soria era parte de una maniobra del Ejecutivo para remover a un funcionario “incómodo”. “Es algo que aparentemente estamos viendo en la actual carga del despacho. Si bien habría que chequear e identificar, no se le ve una conducta proactiva tendiente a coadyuvar al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.

Vargas Valdivia explicó que un procurador general “no es el abogado del Estado”, sino que su función es defender sus intereses. “No es el defensor del Ejecutivo, ni el defensor del titular del pliego al que está asignado (...). En ese sentido, no vemos hasta el momento una conducta muy proactiva por parte de la Procuraduría”, indicó.

El exprocurador explicó que dentro de las primeras acciones que debería haber dispuesto Caruajulca es el brindar apoyo a las procuradurías especializadas que intervienen en lo relacionado a las pesquisas que se le siguen a Pedro Castillo, incluida aquella que realiza la Fiscalía de la Nación.

“Lo que tendría que haber hecho, primero, es prestar apoyo a las procuradurías anticorrupción que están interviniendo (...). La doctora, como jefa de los procuradores, debería de preocuparse de instruir a los demás procuradores, tanto públicos como especializados, anticorrupción, lavado de activos, a un cumplimiento efectivo por parte de sus funciones coadyuvando activamente al esclarecimiento de los hechos por parte de la Fiscalía”, puntualizó.

Consultado por el hecho de que -según El Comercio- Caruajulca estuvo en la declaración de Castillo ante Pablo Sánchez el 17 de junio, consideró extraño que la funcionaria haya concurrido, dado que serían las procuradurías anticorrupción y de lavado de activos las que tendrían que haber intervenido.