El legado de Perú Libre: 30 investigados

Cuando Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori en los comicios generales de 2021, el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, no solo llevó al poder a un golpista, también puso a una serie de personajes en el Congreso que ahora están investigadas por casos de aparente corrupción.

Son 30 los funcionarios o exautoridades que llegaron al aparato estatal gracias al partido del lápiz -cuyo dueño es el prófugo Vladimir Cerrón- que afrontan cargos por cohecho pasivo, lavado de activos, apología al terrorismo y obstrucción a la justicia, entre otros más.

La mayoría de ellos, nada menos que 27, son parlamentarios que obtuvieron su curul mediante Perú Libre. Ahora son cuestionados por estar inmersos en casos como el de “Los Niños” 2 y 3.

Las indagaciones fiscales sostienen que los imputados habrían cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Ellos habrían protegido en el Legislativo al golpista Castillo y a funcionarios suyos a cambio de favores políticos, como la contratación de allegados, amigos o familiares en puestos claves del Estado.

En el caso “Los Niños 2″ figuran Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Américo Gonza.

Asimismo, en “Los Niños 3″ destacan los nombres de María Agüero, Guillermo Bermejo, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche y Jorge Marticorena.

También aparecen Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet rivas, Silvana Robles, Elías Varas y Lucinda Vásquez.

Aunque muchos de ellos se mantienen en Perú Libre, otros forman parte, ahora, de las bancadas Perú Bicentenario, Podemos Perú, Cambio Democrático y el castillista Bloque Magisterial. El resto está como no agrupado.

Como se recuerda, la primera “promoción” de “Los Niños” fue la de los acciopopulistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos habrían protegido de interpelaciones o censuras a ministros de Castillo.

Los otros. Betssy Chávez, excongresista perulibrista y expremier de Castillo, enfrenta una situación más complicada. Ella está en prisión preventiva por ser supuesta cómplice del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ella presentó un recurso para declarar el cese de su cárcel, pero fue rechazada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Luego del fallido golpe de Estado de Castillo, el Ministerio Público le atribuyó delitos de rebelión y, alternativamente, de conspiración.

Al igual que Chávez, Castillo también está en prisión por similares delitos, pero su condición es la de autor principal. Como sabemos, él fue quien el 7 de diciembre de 2022 leyó el mensaje a la Nación que disponía la disolución del Congreso de manera inconstitucional. Actualmente, el vacado ex jefe de Estado afronta 36 meses de prisión preventiva.

Quien también resalta en la lista es su dueño, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción y prófugo desde que fue sentenciado a prisión por el caso “Aeródromo Wanka”.

Aunque no fue parte de este gobierno, era el secretario general de Perú Libre, lo que le permitía contar con muchos privilegios e, incluso, una fuerte cuota de poder.

Tan es así que habría colocado a Hernán Condori como ministro de Salud, quien recomendó, sin ninguna base científica, el uso de la “agua arracimada” para mejorar la salud de los pulmones, justo en medio de la terrible pandemia del COVID.

La actual presidenta, Dina Boluarte, tampoco queda fuera de esta relación. Ella es investigada por el caso “Club Departamental Apurímac”, así como por las muertes en las protestas castillistas y por aparente plagio.

Sobre el tema, el analista político Luis Nunes aseguró que esos altos cargos no deben estar en manos de personas sin capacidad de gestión.

Sostuvo que Perú Libre dejó como legado un cúmulo de problemas del que será complicado salir.

“La idea es que se hagan las reformas en el Congreso para que la gente entre por meritocracia y no por favores políticos, y lo que tenga que hacer el Ejecutivo es pedir resultados”, concluyó.