El Congreso de la República dio ayer el primer paso para desactivar la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ) e instaurar una nueva institución en su reemplazo: La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).
La decisión se tomó en la Comisión de Constitución que aprobó -en primera instancia- el predictamen que recoge un total de 11 proyectos multipartidarios para modificar por lo menos 13 artículos de la Carta Magna.
La votación del grupo de trabajo tiene como contexto la crisis que afronta la JNJ por tener a consejeros involucrados en aparentes actos de corrupción y otros por no respetar la Constitución al forzar la permanencia de Inés Tello debido a que sus 78 años le impiden, según la Constitución, seguir en el cargo.
La mayoría de la Comisión de Constitución estuvo de acuerdo con el contenido y las modificacionesdel predictamen y una pequeña facción de la izquierda se opuso.
Así, 13 legisladores votaron a favor, cinco en contra y otros cinco se abstuvieron.
Los que respaldaron la medida fueron Adriana Tudela (Avanza País), Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Lady Camones y Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, y María del Carmen Alva.
Lo propio hizo Alex Paredes (Bloque Magisterial), Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Alejandro Muñante (Renovación Popular), y José Elías y Juan Burgos, de Podemos. Asimimo, Héctor Valer, de Somos Perú, y Martha Moyaño, titular de la comisión y también de Fuerza Popular.
Se abstuvieron César Revilla y Héctor Ventura, de Fuerza Popular. La misma postura tuvo Waldemar Cerrón y María Taipe, de Perú Libre, y Darwin Espinoza, de Acción Popular.
En contra votaron Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Margot Palacios (No agrupada), Edgar Reymundo (Cambio Democrático), Germán Tacuri (Bloque Magisterial) y Víctor Cutipa (Cambio Democrático).
Lo que ahora sigue es que el pleno del Congreso aborde el tema y sea ratificado en una primera votación.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de doble votación, en legislaturas distintas, y 87 votos.
De no lograr los 87 votos en una primera legislatura, deberá ser sometida a referéndum.
Ajustes. El predictamen impulsado por Gladys Echaíz reemplaza a la JNJ, entidad encargada de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales.
Asimismo, delega en el Senado la facultad de elegir a las máximas autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Dicha atribución, como se recuerda, es propia de la JNJ.
En el artículo 182 de la propuesta se indica lo siguiente: “El jefe de la ONPE es nombrado por el Senado del Congreso por un periodo renovable de cuatro años. Puede ser removido por falta grave”, señala.
El artículo 183 expresa lo mismo para el caso del Reniec.
“El jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Senado del Congreso por un periodo renovable de cuatro años. Pude ser removido por el mismo órgano”, añade.
De otro lado, indica que el órgano de gobierno de la Escuela Nacional de la Magistratura es el Consejo Directivo, que estará integrado por un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena del a Corte Suprema de Justicia.
El órgano también estará conformado por un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Además, por un exrector de las universidades nacionales y públicas licenciadas y con más de cincuenta años de antigüedad, elegido por sus rectores en ejercicio de un proceso electoral.
El proyecto explica que los miembros del Consejo Directivo son elegidos por cinco años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. Adicionalmente, que en la misma oportunidad se elegirá a los miembros suplentes.
En tal sentido señala que la Escuela elige a su presidente ejecutivo por un periodo de dos años, prorrogable por uno adicional.
de nunca acabr. Cabe recordare que la JNJ se creó con la finalidad de ser una alternativa ante la corrupción que desplegó el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con los famosos “Cuellos Blancos del Puerto”.
No obstante, la iniciativa surgió en el gobierno de Martín Vizcarra y fue aprobada en un paquete sometido a referéndum.
La Junta, sin embargo, no ha estado exenta de cuestionamientos debido a que derivó en un órgano altamente politizado.
En los últimos años, se ha visto involucrada en una guerra con el Congreso y con la ahora destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En ese contexto, dos de sus integrantes, Henry Ávila y Guillermo Thornberry, fueron salpicados por denuncias.
Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides, aseguró que Ávila intercambió favores con el exministro Félix Chero (Justicia) para favorecer a una empresa china.
Los dichos llevaron motivaron que Ávila presente su renuncia.
Sobre Thornberry, el colaborador lo acusó de ser cercano a Hernán Garrido Lecca, a quien le filtraba información sobre Patricia Benavides relacionada a concursos y decisiones sobre procesos disciplinarios.
Otro de los cuestionamientos está dirigido al tratamiento que la Junta dio a los procesos disciplinarios contra Benavides, exfiscal de la Nación, frente a los de José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.
Como sabemos, luego de los dichos de Villanueva, la Junta abrió rápidamente un proceso contra Benavides y en cuestión de días la suspendió de sus funciones. Luego, en pocos meses, la destituyó.
En cambio, para el resto de investigados, no hubo una acción similar.
Asimismo, cuando se requería dilucidar el caso de Inés Tello sobre su edad, los integrantes de la Junta acudieron a Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil) para obtener un pronunciamiento a medida de la consejera. Con ello, no les importó cometer una abierta infracción constitucional.
En defensa. Conocida la decisión de la Comisión de Constitución, la JNJ, vía un comunicado, expresó su rechazo y se mostró preocupada por el predictamen.
Manifestó que en lugar de mejorar el sistema de justicia, esto será un evidente retroceso.
Bajo ese mismo enfoque, la Misión Internacional de Observación (MIO) sobre la JNJ expresó su preocupación por la situación de la entidad y aseguró que hay varias formas de interferencia del Congreso en el normal funcionamiento del órgano.
Por ello, recomendó revisar con detalle y corregir de ser posible la regulación constitucional, así como el uso del juicio político a quienes integran la JNJ.
