El fallo que el Tribunal Constitucional emitió el último viernes y que restituye al magistrado Aldo Figueroa en el cargo de juez supremo podría beneficiar a jueces y fiscales a quienes la Junta Nacional de Justicia les haya abierto procesos disciplinarios inmediatos.
De acuerdo al fallo, dicha figura fue considerada inconstitucional por el máximo intérprete de la Carta Magna. En consecuencia, los efectos derivados de esos procesos irregulares serían declarados nulos.
Se abre una grieta que podría generar varias impugnaciones.
Es decir, en caso de que hayan existido destituciones como resultado de estos procedimientos, como con Aldo Figueroa, los magistrados, jueces o fiscales podrían solicitar una rectificación.
“La Junta Nacional de Justicia no tiene competencia para iniciar procedimientos disciplinarios inmediatos, puesto que ni la Constitución ni su Ley Orgánica lo han previsto”, señala la sentencia en el caso de Figueroa.
De acuerdo con el penalista Andy Carrión, si se es consecuente con el fallo del TC, todos los casos similares deberían ser anulados.
Beneficiados. Una de las personas que podría beneficiarse con esta resolución es Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación.
En noviembre de 2023, la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario inmediato por su presunta implicación en una red criminal dentro del Ministerio Público. Este proceso resultó en su suspensión, y, según su abogado Jorge Del Castillo, culminó en diciembre de 2024 sin haberse presentado ni una sola prueba del delito que habría cometido Benavides.
“Sin darse cuenta de su tremenda falla, la anterior JNJ, antes de irse, reabrió el caso bajo otro número 084”, manifestó el abogado.
En cuanto a las acciones legales, Del Castillo afirmó que están evaluando la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra los miembros de la anterior Junta: Aldo Vásquez, Inés Tello, Guillermo Thornberry, María Zavala, Humberto De la Haza, Imelda Tumialán y Henry Ávila.
“No se presentó ninguna prueba, no hay testimonios y mucho menos peritajes. Al concluir el plazo de un año, el caso caducó. A los pocos días lo reabren, pero tampoco programan nada”, agregó.
Otro exfuncionario que podría beneficiarse es el exfiscal supremo Pedro Chávarry.
La JNJ decidió abrirle un procedimiento disciplinario inmediato debido a su actuación como fiscal supremo, por mantener conversaciones con César Hinostroza con el fin de que este contacte al empresario Antonio Camayo y organice encuentros con periodistas que apoyen su elección como fiscal de la Nación. En su caso, se impuso una suspensión de seis meses en su cargo.
Otros casos. Igual es el caso de César Hinostroza. El 1 de octubre de 2021, la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario inmediato por su actuación como juez supremo en el caso “Cuellos Blancos”. El 7 de octubre de 2021, la JNJ resolvió procesarlo por favorecer a Julián Feijó en un trámite de apelación.Asimismo, el 12 de febrero de 2020, se expidió la resolución No. 007-2020-Pleno-JNJ, mediante la cual se resolvió abrirle un procedimiento disciplinario inmediato al exfiscal Tomás Aladino Gálvez por su actuación como fiscal supremo.
Las presuntas irregularidades incluyen, entre otras, haber solicitado a Hinostroza que ayudara a un sentenciado por tenencia ilegal de armas, haberse pronunciado públicamente sobre una investigación en curso y faltarle el respeto a sus entrevistadoras.Uno de los casos más recientes y de mayor relevancia es el que se le abrió a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a otros jueces supremos. Este proceso se originó por presuntamente emitir una sentencia de manera irregular durante el ejercicio de sus funciones, cuando formaba parte de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en julio de 2024.
Con la decisión del TC, la investigación a Tello y a los jueces sería inviable.
Entre tanto, con ese mismo criterio, el Tribunal Constitucional anuló la Resolución No. 039-2021 de la Junta Nacional de Justicia que en julio de 2021 destituyó al expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, tras un proceso inmediato disciplinario, al que calificó de arbitrario.
“Por tanto, al exceder el contenido de una ley orgánica, dicha norma r resulta inconstitucional, por vulnerar el principio de jerarquía”, indica.
