Elecciones regionales se empañan por candidatos en la mira de la justicia

El último martes, a la medianoche, terminó el plazo de inscripción de los candidatos para las próximas elecciones regionales y municipales, un proceso en el que, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), participarán como postulantes 113,726 ciudadanos, quienes forman parte de alguna de las 12,197 listas presentadas en todo el país.

Entre los aspirantes a gobernadores regionales y consejeros hay nada menos que 10,489 inscritos, también según el JNE. Aunque la mayoría de ellos tiene como respaldo una trayectoria profesional y política limpia, no faltan aquellas “joyitas” que en el pasado han enfrentado serias investigaciones y -en algunos casos- hasta condenas de prisión.

Prácticamente, ningún rincón del país se libra de tener candidatos, por decir lo menos, cuestionados. En Lambayeque, por ejemplo, el postulante al sillón regional por Fuerza Popular es Antonio Becerril (hermano del congresista Héctor Becerril), quien podría enfrentar una seria investigación.

La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo dispuso iniciar diligencias preliminares para determinar si él y otros directivos de la azucarera Tumán son responsables de los presuntos delitos de apropiación ilícita y fraude en la administración de persona jurídica por las 19 mil toneladas de caña de dicha empresa que se molieron en Pomalca y nunca regresaron, así como por la no disponibilidad de un ingreso líquido de S/22’647,265 en la caja de valores.

Además, Antonio Becerril está incluido en una investigación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos junto a Edwin Oviedo y otros exdirectivos de Tumán. La sospecha es que ellos formaron una organización criminal para obtener grandes ganancias en perjuicio de la citada azucarera.

Asimismo, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque -a raíz del proceso por la organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”- sindica a los hermanos Becerril de asociación ilícita, pues considera que aprovecharon sus cargos en dicha compañía para favorecer el accionar de la mencionada red delictiva. En este caso, cabe mencionar, también figuran como implicados los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza.

En el mismo departamento se postula Virgilio Acuña (Primero Lambayeque), hermano del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña. El primero fue investigado por haber omitido información en la hoja de vida que entregó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular al Congreso en el periodo 2011-2016. También fue acusado por los delitos de estafa y falsedad genérica en agravio de una ciudadana (Martha Correa Vallejos), luego de que el excongresista vendiera un terreno que la mujer ya había comprado a la empresa Edificaciones La Costa, cuyo apoderado era Acuña. Para evitar el juicio, se acogió al principio de oportunidad.

Cerca de la capital, en el Callao, la situación no es muy distinta. Se puede señalar, por ejemplo, a Juan Sotomayor (Vamos Perú). Cuando fue alcalde del Primer Puerto -en aquella ocasión por Chim Pum Callao-, enfrentó una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción de esa provincia constitucional por la firma de contratos con empresas cuyos propietarios no cumplían con los requisitos para trabajar con el Estado y que, incluso, desconocían haber sido proveedores de la Municipalidad del Callao.

HASTA CONDENAS

Como si esto fuera poco, Vásquez fue sentenciado otras tres veces, una por asociación ilícita para delinquir y dos por peculado. De acuerdo con el portal del Ministerio de Justicia, debe actualmente S/1’063,000 al Estado por reparación civil.

En este departamento también figura como candidato el actual gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, quien reemplazó a Gregorio Santos dado que en el 2014 este se encontraba bajo prisión preventiva. El representante del Movimiento de Afirmación Social (MAS) -según unos audios que la consejera Lilian Cruzado difundió en el 2015- habría confesado sobrevaloración de obras, sustracción de combustible y adquisición ilegal de explosivos. Adicionalmente, Jeny Medina Pirgo, quien es madre de un hijo suyo, lo denunció por alimentos.

En el sur del país también hay aspirantes con antecedentes judiciales. Uno de ellos es el apurimeño Walter Aduviri Calisaya, quien postula al sillón regional de Puno por el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional. El candidato fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por el denominado “Aimarazo”, así como al pago de una reparación civil de S/2 millones. Sin embargo, la Corte Suprema admitió el proceso de casación presentado por su defensa técnica. Hoy se encuentra prófugo.

Al igual que Aduviri, Alexander Flores Pari, del Movimiento Regional Poder Andino, fue condenado a dos años de prisión por delitos ambientales como consecuencia de sus trabajos de minería informal en las pampas de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina. El caso fue apelado en segunda instancia y el acusado quedó libre.

Por otro lado, en Tacna, destaca la figura del candidato del Movimiento Regional Banderas Tacneñistas, Fernando Martorell Sobero, sentenciado en primera instancia por el delito de colusión junto con su hermano, el congresista por Fuerza Popular Guillermo Martorell, por la venta del terreno de la Zona Franca Comercial (Zofra) de esa región cuando el legislador era directivo.

Tampoco pasa desapercibido el representante del partido Democracia Directa, Héctor Simón Maquera Chávez, quien estuvo preso junto a Antauro Humala por el “Andahuaylazo”.

En la selva del país, el exparlamentario nacionalista Amado Romero Rodríguez, más conocido como el “Comeoro”, es parte de los 19 candidatos que disputarán el Gobierno Regional de Madre de Dios. En diciembre del 2011, la exautoridad fue suspendida 120 días por el Congreso de la República debido a sus presuntos vínculos con la minería ilegal. Tras la sanción, el exlegislador aceptó poseer una concesión minera.

Su excolega Víctor Isla Rojas también participará en la carrera electoral por Loreto. Quien además fuera presidente del Congreso, en el periodo 2012-2013, es investigado por la Fiscalía Provincial Penal de Maynas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

En un panorama similar, el expresidente regional de Junín Vladimir Cerrón (Perú Libre) es investigado por ser parte de la supuesta organización criminal que habría montado el empresario Martín Belaunde Lossio (MBL) para apropiarse de dinero del Estado.

Pese a todos estos antecedentes, algunos de estos candidatos podrían alcanzar su objetivo y ganar las elecciones. La población, por supuesto, tendrá la última palabra.