Cuatro miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fueron citados por el Congreso, en el marco de la investigación sumaria que enfrentan, para este jueves.
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La congresista Janet Rivas (Perú Libre), presidenta de dicho grupo de trabajo parlamentario, sostuvo que la sesión se desarrollará durante todo el día. Los convocados son: la presidenta de la entidad, Imelda Tumialán; su vicepresidente, Aldo Vásquez; y los miembros titulares Henry Ávila e Inés Tello. Pese a que ya fueron notificados, los magistrados aún no han confirmado su asistencia al Parlamento.
En espera
Mientras estas coordinaciones se llevan a cabo, siete miembros suplentes, uno por cada integrante actual de la JNJ, aguardan a conocer las diligencias finales en el Legislativo.
El grupo expectante está integrado por los abogados Abraham Santiago Siles Vallejos, Mónica Roxana Rosell Medina, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, María del Pilar Dolores Tello Leyva, Jorge Bayardo Calderón Castillo y Marco Tulio Falconí. Ellos fueron elegidos como accesitarios, junto a sus pares titulares, en 2019.
En caso que la Comisión de Justicia emitiera un informe final que comprometa a los actuales magistrados en presuntas infracciones o faltas graves, el Pleno del Parlamento podría destituir a uno o más de ellos, si se alcanza el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros.
Perfiles
En el caso de Siles Vallejos, él se desempeña como docente, coordinador y miembro del Consejo Consultivo de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
A su turno, la también abogada por dicha casa de estudios, Rosell Medina, laboró como consultora en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de la Producción (Produce). En la Cancillería se desempeñó como jefa de la Oficina de Derecho Internacional Público y también fue secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Jaime de la Puente, mientras tanto, preside actualmente el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. En el Tribunal Constitucional (TC) fue coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales y procurador público adjunto. Incluso, fue asesor del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia.
La abogada y periodista María del Pilar Tello Leyva se desempeñó como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en 2006. Asimismo, postuló al Congreso hasta en tres oportunidades con el APRA (2001), Unión por el Perú (1995) y Solidaridad y Democracia (1992).
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CRÍTICOS
Otros tres accesitarios, en tanto, enfrentan cuestionamientos. El exjuez Jacinto Rodríguez, quien fue relacionado al caso “Los cuellos blancos del puerto” en su momento, por sus llamadas telefónicas con el prófugo e investigado César Hinostroza.
Por ello, durante su postulación a magistrado del TC, en diciembre de 2021, se presentó una tacha en su contra. En sus descargos, sostuvo que Hinostroza “era un compañero de trabajo más” y que estas “comunicaciones eran estrictamente laborales”.
“No existe comunicación alguna entre Hinostroza y el recurrente (Rodríguez) sobre los actos ilícitos penales que se investigan, no he sido incluido en ninguna investigación penal o administrativa”, aseveró en su momento.
Por otro lado, el exjuez supremo Jorge Calderón formó parte de la Sala Penal Permanente que -en segunda instancia, en agosto de 2017- archivó el caso “Petroaudios” y firmó la absolución de los implicados Rómulo León y el fallecido Alberto Químper.
Ambos enfrentaban cargos por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, tras la difusión de unos escandalosos audios. Calderón también integró la Primera Sala Penal Transitoria hasta noviembre de 2017.
Marco Falconí, a su vez, pasó a la fila de los accesitarios pese a ser elegido inicialmente como miembro titular, en enero de 2020. Esto se debió a que le fue retirado un puntaje adicional, que lo llevó a superar a sus competidores, tras detectarse irregularidades en su postulación.
Por ello, se suspendió su nombramiento y fue Guillermo Thornberry, en aquel momento el miembro suplente con mayor puntaje, quien asumió en su lugar.
El excongresista de Perú Posible (2011-2016) también fue señalado por sus comunicaciones con Hinostroza y el exfiscal supremo Tomás Gálvez, ambos investigados por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.
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El exlegislador respondió que estas escuchas no constituían ningún acto ilícito ni ameritaban que le abran una investigación. No tiene ninguna investigación abierta.
En 2015, durante su gestión parlamentaria, se descubrió que su hijo de 23 años, sin experiencia en el sector público, fue designado subgerente de Proyectos de Innovación en el Poder Judicial. De acuerdo con Panorama, el joven no cumplía con los requisitos que exigía el cargo, pero recibía un sueldo mensual de 8 822 soles.
Más recientemente, trabajó en la gestión del expresidente Pedro Castillo. En agosto del año pasado asumió como jefe del gabinete de asesores del hoy prófugo exministro de Transportes Juan Silva Villegas.
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Proceso
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, “los suplentes son convocados en reemplazo de los miembros titulares por estricto orden de mérito obtenido en el concurso”.
Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde y el también expresidente del TC Ernesto Álvarez Miranda precisaron a Correo que los mencionados asumirían los puestos respectivos hasta el término de la gestión actual, es decir, hasta el 2025. El Pleno de la JNJ vigente asumió funciones el pasado 6 de enero del año 2020.
Álvarez Miranda también consideró que debe existir un “debido proceso, individualizarse los presuntos cargos y escuchar la defensa” de los integrantes.
Destacó, sin embargo, que “se ha hecho un escándalo” sobre este proceso pese a que “la facultad de investigar es propia del Congreso”.
También consideró “difícil” que, al interior del Congreso, se reúnan los dos tercios de los votos para remover a los actuales magistrados en caso el informe de la Comisión de Justicia lo sugiera.
Similar opinión tuvo García Belaúnde, quien tampoco vaticinó cambios drásticos en la JNJ. El abogado indicó que estas circunstancias son parte del “control político” y que el grupo de trabajo parlamentario, a cargo de identificar presuntas faltas, “no es el Poder Judicial” en ejercicio. “Esto no es un juicio. (...) Es una investigación, nada más que eso”, concluyó.
