Enmiendan la plana a Iber Maraví por retiro de demandas en el Tribunal Constitucional

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, anunció que el Gobierno retirará la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31131, que elimina el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), así como aquella por la Ley 31188, sobre la negociación colectiva en el sector público. Ambas fueron presentadas durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti Hochhausler.

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Sin embargo, especialistas consultados por Correo desmienten al titular de la cartera de trabajo y aclaran que el retiro de una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) no es posible.

MARCHA ATRÁS

En mayo, el TC admitió a trámite la demanda que presentó el poder Ejecutivo sobre la eliminación del régimen CAS. El Parlamento aprobó por insistencia la norma, que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo dicha modalidad a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

Al respecto, la Procuraduría consideró que la norma contradecía a la Constitución, pues vulneraba las competencias del poder Ejecutivo sobre administración y gestión de recursos.

Asimismo, el 3 de junio el Ejecutivo, con Sagasti como mandatario, presentó en el TC la demanda contra la ley que regula la negociación colectiva (el diálogo entre los trabajadores y el empleador para lograr acuerdos sobre remuneraciones y condiciones de trabajo) en el sector público, luego de que el Legislativo la promulgara por insistencia.

Esta se sustentó bajo los mismos argumentos que la demanda antes mencionada y también fue admitida a trámite.

Al respecto, Maraví Olarte dijo -durante su presentación en la Comisión de Trabajo del Congreso del último martes- que tenían diferentes puntos en su plan de trabajo y se refirió a la marcha atrás en ambos procesos como acciones de corto plazo.

“Estos dos puntos (retiro de demandas) tienen que ver con el sentir, el pedido de la clase trabajadora”, manifestó.

No obstante, admitió que es un tema muy discutible, pues las demandas ya fueron admitidas en el TC: “Es debatible y controversial”.

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CUESTIONAMIENTO

Maraví habría calificado el tema de “discutible” porque no hay normativa que permita el retiro de ambas demandas, explicaron constitucionalistas a este medio.

Natale Amprimo sostuvo que no se posible retirar los casos elevados por la gestión anterior. “El ministro Maraví revela un desconocimiento de la ley”, enfatizó.

Explicó que el Código Procesal Constitucional impide retirar las demandas de inconstitucionalidad, específicamente en su artículo 104 denominado “efecto de la admisión e impulso de oficio” que señala: “Admitida la demanda, y en atención al interés público de la pretensión discutida, el TC impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes”.

“Creo que el señor Maraví no tiene claro cuál es el ordenamiento jurídico que rige en el Perú, está en otro país”, agregó Amprimo.

En esa línea, el exministro y expresidente del TC, Víctor García Toma, aseveró que no es posible retrotraer una acción de inconstitucionalidad una vez presentada, por lo que, al señalar lo contrario, el ministro Maraví “incurre en un acto de ignorancia o de malicia política”.

Agregó que el Código Procesal Constitucional y “distintas determinaciones” del propio TC indican que una vez que se interpone un recurso de este tipo, este “se independiza y adquiere autonomía de quien presentó la demanda”.

“Presentada la demanda, y aún cuando exista desistimiento, el Tribunal va a pronunciarse finalmente mediante una sentencia”, sostuvo en diálogo con este diario.

García toma cuestionó que lo manifestado por el titular de Trabajo puede ser “un mensaje de malicia política” debido a que a los trabajadores les dice: “Yo estoy en contra”, sabiendo que ello no tiene ningún efecto lega y solo los “engaña”.

A su turno, el constitucionalista Omar Cairo, dijo que no es frecuente pedir un desistimiento y que en este caso “va a ser improcedente”.

“El artículo 104 del Código Procesal Constitucional establece que el proceso de inconstitucional solamente termina por sentencia”, explicó a este diario.

Según Cairo, el Ejecutivo podría presentar un argumento afirmando que ha cambiado de opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad por la eliminación del régimen CAS, pero que el TC los analizará en base a la información jurídica.

POSTURA

Tras los anuncios de Maraví, los gremios empresariales expresaron su preocupación sobre la agenda laboral planteada.

Mediante un comunicado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) advirtió que las medidas del Ministerio de Trabajo no abordan la problemática de la informalidad laboral -puesta de manifiesto durante la pandemia- sino que, por el contrario, varios de los puntos de la Agenda 19 dificultarían la creación del empleo formal.

“Solo incluye al 23% de los peruanos que laboran formalmente, y no aborda la problemática del 77% restante”, recalcó el gremio.

En ese sentido, resaltó que para promover el empleo formal se requiere más inversión privada, para lo cual es indispensable contar con un clima de confianza.

Si bien resaltaron anuncios como la vacunación para los trabajadores presenciales, el fortalecimiento de la Sunafil y el fortalecimiento del diálogo tripartito, la Confiep señaló que no hay coincidencia en la integridad de los puntos planteados.

OBSERVACIONES

En la misma línea que la Confiep, el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Jaime Dupuy, sostuvo que sí hay una sorpresa en la agenda anunciada.

Al respecto, refirió que el titular de Trabajo dijo -en su exposición en el Parlamento- que dicho documento es una coordinación con sindicatos y gremios empresariales, pero que ComexPerú en ningún momento fue invitado.

Agregó que si bien hubo una reunión con el ministro, en ella no se tocaron muchos temas de la Agenda 19. “Debió ser producto de una conversación fluida”, añadió.

“En los puntos concretos, hay cosas positivas y que sin duda apoyamos: vacunas a los trabajadores presenciales, fortalecer la Sunafil, diálogo tripartito. (…) Pero hay varios de los otros que nos generan preocupación por como están planteados”, sostuvo a Correo.

Añadió que hay un tema que en dicha asociación alerta mucho, y es la omisión de una priorización para la formalización. “No se habla de reducir la informalidad”, resaltó.

INQUIETUDES

Sobre el retiro de las demandas constitucionales en el TC, Dupuy coincidió en que, según dichos de constitucionalistas, no podría haber un desestimiento.

“Hay preocupación por el grave y fuerte impacto fiscal que tienen estas medidas. Estas disposiciones van a generar un impacto fuerte en el presupuesto público que ahora no está contemplado. La partidas van a tener que salir de otra parte, y debe haber un tema de responsabilidad fiscal”, manifestó.

Respecto el tema del aumento de la remuneración mínima vital, el gerente de ComexPerú señaló que tal medida debe obedecer a indicadores económicos, a una fórmula compleja que considera también cómo le va al país económicamente. Añadió que esto solo beneficiaría al 23% de trabajadores formales.

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