Secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez. (Foto: captura Latina - GEC)
Secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez. (Foto: captura Latina - GEC)

El secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, es investigado por la Fiscalía por su presunta participación en reuniones donde se informaba sobre los operativos para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

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Según un informe de “Punto Final”, la presencia del funcionario de Palacio de Gobierno en dichas reuniones podría estar relacionado a un presunto encubrimiento desde Palacio de Gobierno y ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos y judiciales.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, y el excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, confirmaron la presencia de Enrique Vílchez en dichas reuniones, lo que ha llevado a que el Ministerio Público lo incluya en las pesquisas

Para Roger Arista, el secretario general del Despacho Presidencial habría estado presente en encuentros donde se discutían posibles ubicaciones del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Ello a pesar de que se trata de “información altamente sensible” que debía manejarse con estricta confidencialidad.

En tanto, Jorge Angulo sostuvo que la presencia de Enrique Vílchez en esos espacios era inusual y que su rol dentro de las reuniones no estaba claro.

Así, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso la acumulación de estas indagaciones al denominado “Caso Cofre”, investigación que busca esclarecer si desde el Ejecutivo se habría dado protección a Vladimir Cerrón para evitar su captura.

A ello se suma las conversaciones en WhatsApp y otros documentos que presuntamente evidenciarían coordinaciones sospechosas con congresistas de Perú Libre.

Además, en el último año su patrimonio creció en más de un millón de soles, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de estos fondos, pues la compra de un departamento con estacionamiento doble y un depósito en San Isidro, valorizado en más de 300 mil dólares, no figura en su declaración de bienes y rentas como trabajador de Palacio de Gobierno.

No obstante, el funcionario rechazó cualquier vínculo con la protección de prófugos y anunció una querella por difamación agravada contra Roger Arista.

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