El Equipo Especial para el caso Lava Jato se creó en diciembre de 2016 ante la necesidad de que el Ministerio Público (MP) investigue graves actos de corrupción de la empresa Odebrecht y otras constructoras de Brasil que involucran a exaltos funcionarios del Perú.
En paralelo, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato se dedicó al cobro de reparaciones civiles por los casos.
Sin embargo, los actores de la justicia que lideran los procesos judiciales enfrentan pesquisas en la Fiscalía por diferentes delitos.
De acuerdo con información revisada por Correo, cuatro integrantes de los grupos antes mencionados acumulan al menos nueve investigaciones (ver infografía).
DETALLES
El fiscal provincial José Domingo Pérez es sin duda el que acumula el mayor número de investigaciones en la Fiscalía.
La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario le inició una investigación por la presunta comisión del delito de peculado de uso.
El motivo: Haber utilizado recursos (equipos electrónicos y mobiliarios) e instalaciones de la Fiscalía para ejercer su defensa durante una audiencia que se realizó en mayo del año pasado.
El segundo caso y más avanzado, es la pesquisa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Pérez Gómez es señalado de un presunto desbalance patrimonial, pues no podría justificar un incremento de 131 mil soles en los últimos años.
La Fiscalía lo investiga también por las declaraciones que dio Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien sostiene que el fiscal Pérez le habría entregado información reservada al periodista Gustavo Gorriti a cambio de apoyo mediático.
Sobre este hecho, es investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal.
La última pesquisa que le inició la Fiscalía a Pérez es por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, prevaricato y encubrimiento real.
La investigación se sostiene en una denuncia de los abogados Luis Francia y Luis Pacheco, quienes alegan que el fiscal habría otorgado inmunidad legal a Odebrecht y a sus funcionarios.
Unas de las pruebas, refieren, es la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz que beneficiaría a la compañía brasileña.
SE SUMAN
La quinta investigación la tiene Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato, quien también fue incluido en la pesquisa por los dichos de Jaime Villanueva.
Vela Barba es investigado también por una casa valorizada en 490 mil dólares ubicada en La Molina, un inmueble con piscina y acabados lujosos que no podría justificar con sus remuneraciones.
Además, el fiscal es investigado por organización criminal por presuntamente haber beneficiado a Odebrecht.
En la denuncia se alega que Vela participó en las coordinaciones con el Ministerio Público brasileño para recoger declaraciones de los directivos de la constructora en dicho país, cuando esa labor le correspondía a Pérez.
Sobre este último caso de un presunto beneficio a la constructora de Brasil, la Fiscalía también investiga a la fiscal provincial Diana Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Lava Jato.
La pesquisa también alcanza a Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato.
REVÉS
Desde que el Equipo Especial para el caso Lava Jato se creó, ha tenido aciertos en las investigaciones, pero también desaciertos.
Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recuperaron su libertad en 2018 tras permanecer nueve meses en prisión
El Tribunal Constitucional (TC) consideró que se violó la debida motivación para dictar prisión preventiva.
Ambos afrontan en la actualidad un juicio por una entrega de 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial.
Un caso similar sucedió en 2019 con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien se le dictó 36 meses de prisión luego de que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, confirmara la entrega de un millón de dólares a la campaña de Fuerza 2011. Sin embargo, el TC declaró fundado un recurso de hábeas corpus.
Keiko Fujimori retornó a prisión en 2020, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la medida tres meses después.
En 2024, el fiscal José Domingo Pérez presentó un nuevo pedido para que se varíe la comparecencia con restricciones de Keiko por prisión, pero el Poder Judicial (PJ) rechazó su solicitud.
EN CAÍDA
El 2024 no fue el mejor año para el Equipo Especial para el caso Lava Jato.
En julio, se conoció que el juez Víctor Zúñiga Urday devolvió al menos 10 veces la acusación que presentó el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, durante la etapa de control de acusación y antes del inicio del juicio oral por el Caso Cocteles.
Un mes después, el TC le dio la razón al abogado Arsenio Oré Guardia, pues declaró fundada la demanda de amparo que interpuso por el caso Cocteles y ordenó que se anulen los actos fiscales en su contra.
Como consecuencia, Keiko y otros involucrados del caso, fueron excluidos del delito de obstrucción a la justicia.
En setiembre, la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de fiscales decidió excluir al fiscal provincial José Domingo Pérez de la investigación contra Keiko por lavado de activos, por los aportes de campaña en 2021.
Ese mismo mes, el PJ rechazó el pedido del fiscal Pérez Gómez para que la exfiscal Patricia Benavides declara en el juicio contra Keiko por el caso Cocteles.
Sin embargo, el golpe más duro que recibió el Equipo Lava Jato fue la resolución del TC de diciembre de 2024 a favor de José Chlimper, a quien ordenó excluir del caso Cocteles y se ordenó anular el juicio en su contra por lavado de activos.
El documento fue utilizado por los abogados de Keiko y de otros implicados en el proceso judicial.
En consecuencia, el PJ declaró la anulación del juicio y ordenó realizar un nuevo control de acusación, es decir, que el equipo especial deberá corregir la acusación y presentarla otra vez.
Finalmente, está la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de remover a Rafael Vela de la Coordinación Nacional de Lavado de Activos.
Si bien la reestructuración se hizo para estandarizar criterios de investigación y optimizar recursos, Vela perdió un cargo importante en la Fiscalía y ahora solo s enfocará en los casos vinculados Lava Jato.
