Espinosa-Saldaña sobre norma que regula el referéndum: “Lo más probable es que se presente una demanda de inconstitucionalidad”

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, señaló que lo más probable es que se plantee una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que regula cambios constitucionales mediante referéndum, debido a que el Gobierno ha presentado observaciones sobre ella que no han sido atendidos por el Congreso.

En diálogo con RPP, el magistrado explicó que, si se inicia este proceso ante el TC, tardaría en resolverse entre dos y cuatro meses, dependiendo del tiempo que se tome el Congreso para responder a la demanda.

“La posición del Gobierno fue la de hacer observaciones y ahora el Congreso insiste en la norma. Lo más probable es que se presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal. En ese caso, se designa a un ponente, el presidente pregunta quién desea ser ponente, se analiza si el texto del demandante cumple los requisitos y se manda al Congreso para que este haga sus descargos”, aseveró.

“El tiempo del Congreso para responder es de 30 días hábiles, dependiendo del tiempo que tarden, pueden pasar unos tres o cuatro meses para que haya una decisión, podrían ser solo dos, pero va a depende de qué tan rápido responda el Congreso”, agregó.

Agregó además que se requiere de cinco votos sobre seis posibles para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, se excusó de opinar sobre el fondo del asunto pues “alguna de las partes lo podría interpretar como un adelanto de opinión”.

El último martes 18, con 11 votos a favor, el grupo de trabajo encabezado por Patricia Juárez acordó insistir en el proyecto que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a una consulta ciudadana.

El texto menciona las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos.