Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas. (Foto: Archivo GEC)
Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas. (Foto: Archivo GEC)

El Poder Judicial continuará el próximo miércoles 17 de noviembre la lectura de la resolución que decidirá si abre proceso o archiva la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otros por el caso esterilizaciones forzadas.

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La audiencia, la octava desde que empezó la lectura, será dirigida por el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, Rafael Martínez.

Como en ocasiones anteriores, la lectura del fallo se llevará a cabo en español y con traducción al quechua debido a que varias de las víctimas hablan dicha lengua.

En la audiencia del pasado 13 de noviembre, el juez mencionó informes de varias instituciones incluidos en la carpeta fiscal, como el de la Defensoría del Pueblo, que sostiene que las mujeres eran intervenidas quirúrgicamente sin consejería y que firmaron documentos sin saber leer.

Como se recuerda, en este caso está imputado Alberto Fujimori junto a sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga -actual congresista de Fuerza Popular-, entre otros.

Son cinco las víctimas por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. Sin embargo, a los investigados se les imputa también el delito de lesiones graves contra otras 1.300 víctimas.

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Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

Además, indicó que habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización pero no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.

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