Esterilizaciones forzadas: Minjus señala que decreto para atender víctimas es constitucional

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga, sostuvo que el decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001, tiene todas las garantías constitucionales.

Como se recuerda, el Gobierno promulgó un decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas y la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), practicados durante los años 1995 y 2001.

Alberto Fujimori: Así fueron las esterilizaciones forzadas en mujeres indígenas

Lechuga explicó que el artículo 44 de la Constitución Política establece que es deber prioritario del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y que el artículo 139 dispone la obligación de brindar defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

“Este decreto es perfectamente constitucional y obedece a los insistentes pedidos que hemos recibido por parte de los afectados y organismos de la sociedad civil, que reclaman medidas de atención a sus demandas”, señaló.

Agregó que esta medida representa un primer paso para hacer justicia a las víctimas de esterilizaciones y el cumplimiento a la política de defensa y respeto a los Derechos Humanos. El viceministro detalló que dentro de ese marco jurídico se ha dispuesto un trabajo de forma multisectorial.

Detalló que a través del Minjus se brindará orientación y patrocinio legal a las víctimas, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se encargará de dar atención psicológica y acompañamiento social a los deudos.

Asimismo, informó que a través de Ministerio de Salud (Minsa) se otorgará acceso a servicio de salud a las personas afectadas producto de la esterilización forzada.

DATO

Según cálculos de Amnistía Internacional, las esterilizaciones forzadas se aplicaron a muchas mujeres, en su gran mayoría, pobres e indígenas. Hasta la fecha, se desconoce cuántas esterilizaciones se hicieron en total, pero la Defensoría del Pueblo ha señalado que fueron 272 028 y el Ministerio Público identificó 2 091 víctimas de esterilizaciones forzadas.