Tras una audiencia prolongada que culminó pasadas las 3:00 de la madrugada del sábado, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda Segovia, exasesor legal de la presidenta Dina Boluarte.
Asimismo, 36 meses de prisión preventiva con el acusado Noriel Chingay Salazar, ex prefecto regional de Cajamarca y, ahora, prófugo de la justicia.
Este último reo no se presentó de modo virtual ni presencial en el tribunal.
En consecuencia, el magistrado dispuso que se oficie a la Policía Nacional para la búsqueda, ubicación y captura de Noriel Chingay, e internamiento en un penal.
En tanto, Mateo Castañeda, presente en la audiencia, quedó detenido en el acto.
De este modo, el tribunal del caso ´Waykis en la sombra´ culminó con las audiencias de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público.
El último 19 de noviembre, el tribunal dictó prisión preventiva contra los tres primeros acusados, Nicanor Boluarte Zegarra (36 meses), Jorge Ortiz Marreros, exdirector general de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter (36 meses); y Zenovia
La orden de prisión preventiva también fue impuesta contra Jorge Ortiz Marreros ; así como contra Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte, y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, exdirectora del programa social Qali Warma en la región San Martín.
La investigación que desarrolla el Poder Judicial es por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado, tráfico de influencias y cohecho.
CONTROL DIFUSO
En este caso, el juez Concepción Carhuancho optó por efectuar un control difuso constitucional y no aplicar las leyes 32108 y 32138, que tipifican el delito de organización criminal.
Argumentó que dichas leyes aprobadas por el Congreso contravienen la Constitución y afectan derechos fundamentales colectivos de la sociedad.
Añade que atentan contra la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Palermo, las cuales garantizan derechos
fundamentales colectivos y establecen estándares internacionales para la persecución del crimen transnacional, precisó.
