El exfiscal Rodrigo Rurush sigue sorprendido por la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de archivar la investigación contra Pablo Sánchez por amenazarlo y ordenarle, en 2018, que suspendiera una diligencia fiscal que realizaba en las oficinas de IDL- Reporteros.

En la Fiscalía persisten en la protección del fiscal Pablo Sánchez pese a ciertas evidencias sobre amenazas. ¿Usted piensa que lo protegen? ¿Cómo evalúa esta situación?

El panorama que observo es sombrío para la administración de justicia debido a la postura que ha establecido como precedente la fiscal de la Nación al señalar que en los delitos ocultos, cuando no hay una prueba directa, la denuncia no prosperará. Ella indica que no se ha escuchado la amenaza que realizó Pablo Sánchez y le da credibilidad al investigado, pero no al denunciante. En ese contexto, para los delitos de extorsión, si alguien te llama, pero no tienes una grabación ni prueba directa, simplemente la denuncia no avanzará. Este precedente es alarmante y muy grave.

¿Realmente Espinoza sabía de la denuncia que preparó Juan Carlos Villena?

Según lo que se ha venido presentando en los medios de comunicación, en un informe bastante detallado en el programa de la señora Milagro Leiva, se puede advertir que sí existiría un proyecto de denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Lo que genera mayor suspicacia es que, en la parte general de la denuncia, en el proyecto de denuncia constitucional contra Sánchez se repiten los mismos errores, incluyendo un fallo en el nombre, así como errores en los párrafos de la disposición de archivo.

¿Eso qué permite inferir?

Permite inferir que la fiscal sí conocía de ese proyecto, porque no resulta lógico que dos personas tengan los mismos errores tipográficos y hayan escrito con similitud.

Incluso confunden su nombre. Allí lo llaman Rodrigo Álvarez y usted es Rodrigo Alvaro Rurush...

Claro, no solo los nombres, sino también en los párrafos. Al margen de que sean similares, se tendría como un indicio razonable de una presunta comisión del delito de cohecho.

¿Por qué?

Al parecer, se habría negociado la elección de Delia Espinosa como fiscal de la Nación a cambio del voto de Pablo Sánchez. El acuerdo es que si le otorgaba su voto, Sánchez sería beneficiado con el archivo de sus procesos. También existe un indicio de que, de manera dolosa, la fiscal de la Nación recortó la transcripción del video, eliminando el párrafo en el que se hace la conexión con la amenaza, específica de la frase “ah ya, doctor, lo que usted disponga”. Este recorte se realizó porque sabe perfectamente que esa frase conecta con el hecho previo de la amenaza que el fiscal Sánchez me dirigió cuando dijo: “Suspende inmediatamente o atente a las consecuencias”.

Al vocero de la Fiscalía le pregunté por ello en una conferencia, pero no dio detalles claros. ¿Por qué cree que no se incluye esta parte?

Iniciemos con lo del vocero. Lo reto a que pueda revisar la disposición de archivo, en la página 17, entre los primeros párrafos. Ahí va a poder advertir que la transcripción ha sido recortada. Ahora, con relación a por qué lo habría recortado: al parecer a sabiendas de que esa frase es relevante y conecta con la amenaza que me realizó Pablo Sánchez.

La fiscal dice que debió denunciar en el momento, es decir en 2018, y no en el 2023. ¿Por qué razón se demoró?

El año 2018 se da una presión mediática y sicológica contra mi persona. Sánchez tenía la potestad de destituirme (...). Segundo punto. Recordemos que al exfiscal supremo Pedro Chávarry le hicieron lo mismo. ¿Cómo un fiscal provisional viendo todos esos hechos puede denunciar? Es lógico mi temor.

¿Por qué la Fiscalía no inició la investigación de oficio?

¿Será porque estaba como fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde? Entonces, se encuentra lógicamente establecido el por qué no se ha denunciado en ese momento y también era responsabilidad de la Fiscalía. Ahora, otro punto. La fiscal dice que por qué ha sido después de 5 años. Le pongo como ejemplo, ¿qué sucede si se da un caso contra la libertad sexual? Y la víctima denuncia después de 10 años. Entonces, ¿bajo el argumento de la fiscal de la Nación se debe archivar porque ha pasado mucho tiempo? ¿Por qué no hace un análisis relacionado con las contradicciones entre Sánchez y Gorriti? Quiero dejar claro que la diligencia de ese 10 de julio fue de exhibición e incautación, no de allanamiento.

¿Por qué Espinoza considera que solo es una inconducta funcional administrativa?

Eso es lamentable. No es posible que reduzca un análisis a que no se ha escuchado una amenaza (...) Está normalizando que cualquier persona sea natural, o sea, una persona investigada o cualquiera llame al fiscal de la Nación y, a su vez, llame en plena diligencia a intervenir, como bien lo ha reconocido Gustavo Gorriti.

¿Se pudo haber denunciado ante la JNJ?

La JNJ debió hacerlo de oficio, lamentablemente, no lo realizó. Y ahora se entiende por qué.

¿Y por qué?

Porque se ha esperado que prescriba a efectos de que no se les sancione administrativamente. Y acá va otro punto. El caso no ha prescrito. Por eso es que le hago referencia. Porque hay dos tipos de prescripción, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Depende del delito y los años de pena.

Para este caso, ¿cuál sería la pena entonces?

Acá es no menor de tres ni mayor de 5 años.

Entonces, ¿cómo debió proceder la JNJ?

Cuando tomó conocimiento de que Gorriti salió a señalar el año 2018 de que había llamado al fiscal de la Nación, la JNJ debió haber tomado de oficio ese caso una vez instalada (en 2020) e iniciar el procedimiento disciplinario contra el fiscal Sánchez. Pero lejos de hacer ello, abre una investigación en el 2023 y lógicamente la sanción administrativa ya había prescrito, pero la sanción penal no, diferenciemos eso.

Entonces, ¿ya no puede iniciar absolutamente nada la JNJ sobre su caso?

Administrativamente, no. Pero el Congreso de la República sí puede intervenir a través de una sanción política, una inhabilitación.

¿Cómo ha sido su trabajo después de esto que ocurrió en el 2018?

Tanta fue la presión mediática, tanta fue la presión sicológica y el temor, que yo me he visto perjudicado porque dejé de asistir al PROFA (Programa de Formación de Aspirantes), yo estaba en el curso para postular al concurso de jueces y fiscales titulares y llevaba clases diarias.

¿Sufrió acoso?

No, pero creo porque sabían que existía un video (de la conversación).

¿Cómo usted sale de la fiscalía?

Por decisión propia.

¿Por qué cree que nunca se deslacró el celular de Janet Talvera?

Genera bastante suspicacias y ese también es un elemento indiciario que vincularía a Espinoza con el presunto hecho de cohecho porque ella también archivó un caso para Sánchez, que también fue publicado hace poco con argumentos jalado de los pelos en el que se señala que Villanueva tendría una enemistad con Sánchez y que por eso no se podría tomar como válida su declaración. Eso es falso.

¿La fiscal de la Nación protege a Pablo Sánchez?

Al parecer sí porque todos los elementos indiciarios estarían en ese camino. Pero esto merece una investigación exhaustiva a efectos de que se pueda determinar si es así o no.

¿Cree que los dichos de Jaime Villanueva tienen sentido respecto a que Gorriti tendía poder en la Fiscalía?

Existen suficientes elementos para poder pensar en ello. Segundo punto, no se realiza el levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo cual es lamentable. En otras carpetas fiscales, que ha estado investigando creo que el fiscal Chinchay, se ha negado a la entrega de sus celulares y no se le ha hecho ni el allanamiento ni se le ha levantado el secreto de comunicaciones, lo cual denota el poder que tienen en el MP.

¿Sánchez y Vela Barba se ayudaron mutuamente en la Fiscalía?

No podría precisar eso.

¿Por qué se puede apreciar esta diferencia de criterios entre Villena y Espinoza? ¿Hay una riña?

Sí, al parecer existe sobre todo desde el momento en que se ha dado la elección del fiscal de la Nación y el respaldo a Delia Espinoza cuando Villena también postulaba al cargo. Ahora, está pretendiendo responsabilizarse a Villena diciendo de que ya no había plazo para investigar. Sin embargo, se puede reabrir la investigación en base a lo que ha establecido Gorriti en la versión en la que abiertamente dice: “Entonces el fiscal de la Nación (Sánchez) a quien comuniqué lo que estaba pasando, intervino como tenía que intervenir”. Eso es un elemento contundente y objetivo que demuestra que se puede reabrir la investigación.

¿Esa declaración de Gorriti permitiría reabrir la investigación?

Claro, pero eso ya depende de la procuradora María Caruajulca que lo interponga, pero también la Fiscalía puede tomarlo de oficio porque es una fuente pública. Puede incorporarlo y reabrir la investigación como prueba nueva.

¿Cuáles son los alcances del señor Gorriti actualmente en la Fiscalía?

Es evidente dicho alcance y no se requiere mayor análisis. Se ha visto el allanamiento contra un ministro hace poco, se ha visto también el allanamiento a Palacio de Gobierno en el gobierno de Pedro Castillo, entre otros. Pero ¿por qué no se le allana a Gustavo Gorriti?