Este jueves 24 de abril el Tribunal Constitucional ve la demanda competencial presentada por el Ejecutivo en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial a fin de que se establezcan límites en las investigaciones que se puedan realizar contra un presidente en funciones. El expresidente del TC, Óscar Urviola, indicó que sí se puede investigar preliminarmente a un jefe de Estado.
MIRA: TC evaluará hoy demanda competencial sobre límites de investigación a un presidente
Como se sabe, el Tribunal Constitucional desarrolla esta audiencia en su sede institucional ubicada en la ciudad de Arequipa.
Según el Poder Ejecutivo, las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial han interferido con sus competencias, limitando el ejercicio del cargo de la presidenta Boluarte.
Al respecto, Óscar Urviola recordó que, desde el gobierno del exjefe de Estado, Pedro Castillo, el Ministerio Público ha abierto investigaciones contra presidentes en funciones, lo cual generó un debate constitucional.
En entrevista a Canal N, el extitular del TC señaló que si bien la actual normativa permite iniciar investigaciones preliminares, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse para que esta práctica no interfiera con la gestión de la cosa pública.
Urviola explicó que el Código Procesal Penal prevé que algunos funcionarios puedan declarar testigos desde sus despachos, y esto debería extenderse al jefe de Estado a fin de evitar traslados innecesarios que afecten su agenda e impliquen despliegues de seguridad.
“Sí se puede investigar al presidente, pero debe hacerse sin menoscabar el ejercicio de la función pública”, aseveró.
Muertes en las protestas sociales
Respecto al proceso de amparo presentado por Dina Boluarte por las muertes en las protestas sociales, Óscar Urviola dijo que ello es distinto a la demanda competencial, y sería evaluado por el Tribunal Constitucional en otra etapa procesal.
“Tengo entendido que ese es otro proceso que está en curso”, dijo sobre la demanda de amparo de la presidenta Dina Boluarte que busca para anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía de la Nación en su contra ante el Congreso por la muerte de 5 personas y las lesiones graves de una sexta persona durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
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