Martín Vizcarra. Foto: Lino Chipana
Martín Vizcarra. Foto: Lino Chipana

Martín Vizcarra ahora tendrá que ajustar cuentas con el Congreso. Desde ese poder del Estado, el legislador Héctor Ventura presentó en contra del expresidente una denuncia constitucional por incurrir en delitos de tráfico de influencia (corrupción administrativa) y colusión agravada durante su mandato.

En el documento -al que Correo tuvo acceso- se indica que el exjefe de Estado sería, según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, el cabecilla de una aparente organización criminal denominada ‘Los Intocables de la Corrupción’.

Precisa que esa red se habría enquistado en Provías Descemntralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para direccionar procesos de licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para beneficiarse económicamente.

Se sindica que Los Intocables habrían operado en un esquema de corrupción en el MTC durante la gestión de Vizcarra desde marzo del 2018 a noviembre del 2022 y se habría dedicado a actividades ilícitas como el copamiento de instituciones y la realización de lobbies ilícitos para manejar las contrataciones gubernamentales.

En la denuncia se advierte que la red se habría gestado desde el 2014 cuando Vizcarra era presidente Regional de Moquegua donde afianzó lazos con sendos funcionarios público y desde entonces se han sostenido en su círculo cercano.

“Es así que una vez que Vizcarra asumiera la Presidenica habría concertado para copar el MTC con la bien llamada muralla Moqueguana durante el 2019 y 2020 se habrían gestado actos corruptivos en tres proyectos de ejecución de obra por montos que superan los 200 millones de soles”, indica el documento.

Entre las imputaciones están que la organización criminal nombró a Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro y Carlos Revilla como funcionarios clave del MTC y Provías Descentralizado para favorecer a empresas privadas con licitaciones públicas fraudulentas.

Vizcarra habría recibido maletines con dinero de parte de Revilla quien era el encargado de cobrar el 3.5% del monto adjudicado a las empresas como coima y usó su influencia de presidente para mantener el control del MTC y de Provías para evitar cualquier investigación.

Todo el contendido fue presentado a la mesa de partes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que continúe con el trámite regular.

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