El exprocurador anticorrupción, Iván Meini, defendió la legalidad de estos allanamientos, entre ellos a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, pues asegura que son válidos.
Como se sabe, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Poder Ejecutivo.
Según la hipótesis fiscal, durante su gestión como ministro del Interior, habría colocado a personas de confianza en cargos públicos para favorecer intereses privados, involucrando incluso a altos mandos policiales y operadores civiles.
Para recabar pruebas, la Fiscalía realizó allanamientos en 14 inmuebles, entre ellos propiedades vinculadas al propio Santiváñez y a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aunque este último no está formalmente investigado.
Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Iván Meini, dijo en Canal N, que el allanamiento a la casa del hermano de la mandataria fue excepcional pero válido, ya que fueron autorizados por el Poder Judicial y que cumplen con criterios de necesidad y proporcionalidad, ya que la documentación requerida no pudo obtenerse por medios menos invasivos.
Descarta venganza política
Iván Meini descartó que se trate de una venganza política y aclaró que la ley permite allanar domicilios de terceros vinculados a los hechos si existen indicios razonables y autorización judicial, siempre bajo la supervisión de un juez que confirme que no se basa en conjeturas.
“No vería yo aquí una venganza política. La ley permite excepcionalmente y quiero poner énfasis en esto que de manera excepcional se pueda allanar el domicilio de una persona natural o jurídica que no está siendo investigada formalmente en una carpeta fisca”, dijo el exprocurador anticorrupción.
La investigación apunta a que la red habría utilizado su poder para colocar funcionarios de confianza mediante órdenes de servicio, beneficiando intereses particulares, como la minera El Dorado. Entre los supuestos integrantes están varios funcionarios y policías, y se investigan posibles delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, basados en testimonios y documentos previos.
Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó el allanamiento a Nicanor Boluarte como una “vulneración del orden constitucional”, la figura legal de “tercero vinculado” es válida si se aplica correctamente.
El Tribunal Constitucional estableció que solo la presidenta tiene inmunidad en investigaciones preliminares, pero sus familiares y funcionarios cercanos no, por lo que las diligencias contra terceros continúan sin restricciones.
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