El 13 de diciembre del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un texto que debilita el proceso de extinción de dominio, un mecanismo legal que le permite al Estado recuperar bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita.
En resumen, la propuesta del Parlamento busca establecer que solo se puedan incautar los bienes de un investigado, siempre y cuando exista una condena firme en última instancia.
De concretarse, el Estado no podría recuperar bienes de actividades ilícitas que provengan del crimen organizado, corrupción, narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos.
Precisamente, bienes relacionados al menos a siete casos emblemáticos (ver infografía 1) están en peligro por la polémica norma que aprobaría el Legislativo.
LOS CASOS
A principios de año, la Fiscalía informó que un proceso de extinción de dominio en contra de Rodolfo Orellana está en peligro por la ley que el Congreso aprobaría.
Se trata de tres inmuebles ubicados en Lima que están inscritos a nombres de testaferros de Orellana.
El empresario en mención es sindicado como el presunto líder de una organización criminal que operó por 12 años, una red de estafa y lavado de activos que logró amasar 100 millones de dólares.
A esto se le suma un inmueble denominado ‘Hacienda Cazaderos’ de titularidad de la sociedad ABC Group For Human Development S.A.C., empresa vinculada a la red Orellana valorizada en 130,285,723.92 soles.
En la lista también figura el expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por lavado de activos al haber adquirido bienes con el pago de sobornos de la empresa Odebrecht, como parte del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil, Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA Sur).
Se trata de inmuebles ubicados en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y las unidades inmobiliarias de la Torre Omega, que fueron adquiridos por 5,126,716.14 millones de dólares.
El cuarto personaje en la lista que podría ser beneficiado es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El exmandatario compró una casa en San Isidro en 2002 a 695 mil dólares, pero cuatro años después lo vendió a Dorado Asset Management Ltd, su propia compañía.
De acuerdo con la Fiscalía, empresas vinculadas a PPK realizaron contratos de asesorías financieras con Odebrecht los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos, esto mientras él era ministro de Economía de la gestión de Toledo.
TRES MÁS
De aprobarse la ley del Congreso, también está en riesgo el proceso de extinción de dominio en contra del terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como ‘camarada Artemio’.
Se trata de propiedades de personas vinculadas al integrante de Sendero Luminoso,
Las propiedades estarían relacionadas con actividades ilícitas como el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otras actividades capaces de generar dinero de manera ilegal.
Finalmente, está el caso que involucra al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.
Sobre el exgoberandor regional de Junín existe un proceso de extinción de dominio por la incautación de más de un millón y medio de soles de dos de sus cuentas bancarias.
La Fiscalía considera que el dinero incautado del líder de Perú Libre constituye un aumento no justificado ni demostrado por el emplazado en sus cuentas bancarias, al que normalmente puede percibir a partir de su actividad laboral o económica de manera legal, demostrándose que dicho incremento económico carece de justificación y procedencia lícita.
El dinero que suma 1,613,512.43 soles representa un incremento patrimonial que provendría de actividades ilícitas por criminalidad organizada y lavo de activos.
También se puede considerar el caso en contra del expresidente Martín Vizcarra, sobre quien pesa un proceso de inhibición de 15 bienes inmuebles ubicados en Lima y Moquegua.
Los inmuebles estarían vinculados a la actividad ilícita contra la administración pública y formarían parte de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
EFECTOS
Desde el 2019 hasta el 2024, la Fiscalía logró 1510 sentencias vinculadas a procesos de extinción de dominio (ver infografía 2).
Las sentencias fundadas se distribuyen de la siguiente manera: Tráfico ilícito de drogas (43.2%), contrabando (21.8%), minería ilegal (10.5%), lavado de activos (7.6%) y otras actividades ilícitas (16.9%).
La eventual aprobación del polémico proyecto desde el Congreso no solo tendría efecto en casos emblemáticos, sino también en otros.
Por ejemplo, se intenta recuperar 68 barras de oro por 111.50 kilogramos que ascienden a más de 7 mil millones de dólares, material de un proceso aduanero para exportar por parte de la empresa nacional C.G.Koening S.A. a favor de la empresa estadounidense Kaloti Meraks & Logistics LLC, el proceso corresponde a una investigación de lavado de activos.
Cabe precisar que la actual ley permite recuperar bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes y destinarlos en beneficio del Estado.
Estos pueden ser dinero, inmuebles, vehículos, entre otros.
Además, la actual norma señala que no hay un plazo de prescripción, es decir, que se permite la recuperación de los activos en caso del fallecimiento del investigado o en casos en donde la acción penal haya prescrito.
DEBATE
Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) evaluó ayer una demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo (DP) en contra del Decreto Legislativo 1373, texto que define los parámetros para que el Estado pueda extinguir el dominio de propiedades adquiridas con dinero de origen ilícito.
Casualmente, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue abogado del prófugo Cerrón, personaje que sería beneficiado si la norma es declarada inconstitucional.
Durante la audiencia, Luis Alberto Huerta, procurador público en materia constitucional, advirtió que la Defensoría pretende anular la norma de extinción de dominio, de no lograrlo, intenta bloquear la aplicación de algunos artículos de la ley.
“Lo que se está buscando es que dedicarse al crimen organizado sea una fuente de ingreso en el Perú, pero la fuente de riqueza se obtiene por el trabajo o por la libertad de empresa, eso lo establece la Constitución”, afirmó.
En la misma línea, el procurador Huerta explicó que el derecho a la propiedad solo se garantiza cuando está vinculado a una actividad ilícita.
Además, recordó que en el 2019, antes de la actualización del proceso de extinción de dominio, se lograron 34 sentencias. Sin embargo, con la modificación posterior se alcanzaron 1400 sentencias.
En 2019, antes de la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, el Estado recuperó 25 millones de soles. Sin embargo, con la nueva legislación, es decir desde el año 2019 hasta el 2024, se recuperaron 560 millones de soles para el Tesoro Público.
Solo en el año 2024, se recuperaron más de 259 millones de soles.
Por su parte, Elizabeth Zea, adjunta en Asuntos Constitucionales de la DP, argumentó que la ley actual atenta contra el derecho de propiedad.
“A todos nos asiste la presunción de inocencia y las garantías constitucionales también. A todas las personas debemos darles las mismas herramientas de defensa”, agregó.
Más tarde, Zea declaró a los medios de comunicación sobre el tema.
“No queremos que se vulnere a los comerciantes, transportistas, los propietarios de las Malvinas que por hechos de terceros ya perdieron su propiedad”, reclamó.
El caso quedó al voto. Será el TC el encargado de definir si la norma es constitucional o no. Sin embargo, aunque el fallo no sea favorable para la Defensoría, todavía está pendiente en el Congreso la ley que debilita la norma, la misma que podría recibir su segunda votación el próximo mes de marzo, cuando el receso parlamentario haya culminado.
