Un reciente informe de Contraloría de la República reveló que al menos tres trabajadores del Congreso habrían sido contratados mediante presentación de documentos falsos, lo que generó un perjuicio económico superior a los 300 mil soles.
Uno de los casos más graves es el de Jorge Torres Saravia, hombre sindicado de ser la cabeza de una presunta red de prostitución en el Congreso y quien sería una pieza clave en el crimen de Andrea Vidal, acribillada por sicarios en diciembre pasado.
En el reportaje periodístico de Cuarto Poder, describe que el exjefe habría usado documentos falsos para conseguir un puesto de trabajo en el Estado, un delito penado con cárcel. En el Congreso se conoce que Torres Saravia vinculado a Alianza para el Progreso (APP) presentó certificados falsos para acreditar experiencia laboral.
El informe explica que Torres Saravia nunca laboró como asesor legal externo en temas civiles y laborales, encargado de las conciliaciones dentro y fuera de la empresa minera Catequil. A pesar de esta revelación, Torres Saravia e Isabel Cajo fueron contratados en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República.
Torres Saravia fue contratado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República con un sueldo de más de 19 mil soles mensuales. A pesar de estas documentaciones falsas, Jorge Torres accedió a tres contrataciones en el parlamento.
OTROS
Otro caso es el de Isabel Cajo, ex Miss Bikini, contratada como auxiliar de la Oficina Legal del Congreso en junio de 2024, con un sueldo inicial de 4 mil 433 soles, que en pocos meses se duplicó a más de 8 mil soles. Para su contratación, Cajo habría presentado certificados laborales falsos emitidos por la empresa E&H Constructora e Inmobiliaria, con sede en San Miguel. El gerente de la firma, Santiago Elescano, negó haberle otorgado dichos documentos.
Si bien no cumplía con el perfil, el congresista Edwin Martínez ordenó y defendió la contratación de Cajo en su despacho, en octubre de 2024. Al respecto, el parlamentario asumió la responsabilidad, sin saber ni conocer la contratación de la extrabajadora.
Asimismo, Mireylla Walter Lozano trabajó dos meses en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso con documentos que presuntamente acreditaban estudios en la Universidad César Vallejo, los cuales no serían verídicos.
Pese a estas irregularidades, las áreas administrativas del Congreso y los partidos políticos involucrados, como APP, no habrían verificado la autenticidad de la documentación presentada.
El daño económico solo en el caso de Torres Saravia asciende a más de 230 mil soles, y sumado a los sueldos de Cajo y Lozano, la cifra supera los más de 300 mil soles.
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