Fallo a favor de emerretista reaviva retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Indignación provocó en la clase política del país el polémico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que obliga al Estado peruano desembolsar $105 mil en favor de la sentenciada por terrorismo Gladys Espinoza Gonzales.

En paralelo, se produjo un debate enfocado en evaluar si el Perú debería permanecer bajo la competencia de la entidad supranacional de San José.

Pese a todo, fue notorio el consenso orientado a que el Estado peruano consolide su respeto a la seguridad jurídica y, en consecuencia, se dé cumplimiento a la sentencia aun cuando no sea del agrado de todos los sectores.

Quedó claro, asimismo, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no cuestiona la condena a 25 años de cárcel dictaminada contra la integrante del grupo terrorista MRTA.

La posición del Estado peruano precisa que la defensa de la sentenciada no pudo sustentar la denuncia de violación sexual y torturas física y sicológica por parte de personal policial. No obstante, representantes de derechos humanos sostienen lo contrario.

PROCURADOR. A juicio del procurador antiterrorista Julio Galindo, abogado del Estado, la sentenciada nunca acreditó en tribunales peruanos sus denuncias de agresión sexual y torturas.

“Ella en ningún momento acreditó la violencia que afirma haber sufrido, por lo que se infiere que es falso. Creo que ha sorprendido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un hecho no acreditado, totalmente calumniante y falso”, comentó .

A manera de ilustración, Galindo refirió que no caben dudas sobre la filiación terrorista de Espinoza y su responsabilidad en el secuestro con fines extorsivos contra el empresario Mario Furukawa Obara en febrero de 1993.

Agrega que Espinoza tampoco ha demostrado voluntad de pago de los S/.30 mil que el tribunal dictaminó como reparación civil en favor del Estado.

SAN MARTÍN. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el vocal supremo César San Martín, condenó en el 2004 a Espinoza Gonzales a 25 años de cárcel por delitos de terrorismo.

Consultado al respecto, San Martín niega haber cometido algún error y no se arrepiente por la sentencia que la Sala emitió.

“De ninguna manera. ¿Por qué me voy a arrepentir? Pienso que la Corte se ha equivocado profundamente porque se sustenta solo - y así dice su sentencia- en un informe hecho muchos años luego de los hechos, y diciendo que hay discriminación por género”, dijo.

Refiere San Martín que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha cuestionado la sentencia contra Espinoza. Pero ha tomado en cuenta la denuncia de la sentenciada por presunta violación sexual y tortura en la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Policía Nacional. Afirmó que la Corte Suprema revisó dicha denuncia y la desestimó en base a datos periciales.

APRODEH. Desde el lado opuesto, la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, afirma que el Poder Judicial nunca investigó en serio las denuncias que presentaron en 1993 la familia de Gladys Espinoza y Aprodeh.

Afirma que hay certificados médicos de Medicina Legal que acreditarían lesiones, hematomas y hasta traumatismo encefalocreaneano que habrían sido ignorados. Asimismo, certificados que acreditan agresión sexual.

A su juicio, no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino el juez San Martín quien se ha equivocado en este asunto.

“(...) el que se ha equivocado es el doctor César San Martín porque él señala en su sentencia que no hay una prueba a la violación. ¿Y el certificado médico por qué no lo leyó?”, se preguntó en Canal N.

SEGUIR EN LA CORTE. El parlamentario Mauricio Mulder anunció que solicitará al Congreso “realizar un balance de lo que ha significado nuestra presencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si ha servido para fortalecer nuestra democracia”. El propósito es evaluar la posibilidad de desmarcarse de su jurisdicción.

En esa línea, sostuvo que el imperio de la Corte IDH no ha resultado beneficioso para el Perú. “Por el contrario, ha sido muy perjudicial. Solamente en potenciar y favorecer a terroristas que hoy están libres y con dinero gracias a sus sentencias”.

Agregó que el Perú ha suscrito el tratado internacional de derechos civiles y democráticos y, además, es signatario de la declaración universal de derechos del hombre. “Eso seguirá vigente”, dijo al apuntar que “el salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos afectaría”.

En la misma línea, el congresista Luis Iberico recordó que existen caminos como la renuncia al Pacto de San José para que el Perú pueda retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si la entidad supranacional no cambia lo que a su juicio es una “conducta ideologizada”, el Perú podría en algún momento tomar la decisión soberana, “perfectamente constitucional”, de retirarse de la competencia de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, comentó en los pasillos del Congreso de la República.